La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional duda que la RIC se pueda materializar en alquiler sin cambiar las normas

La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, (Ascav), Doris Borrego (c), en imagen de archivo

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ACAV) ha puesto en duda este martes que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) se pueda materializar en alquiler vacacional sin que se cambie la actual normativa.

Explica que si bien el Ministerio de Hacienda permite a las empresas destinar RIC a la viviendas vacacionales debe tenerse en cuenta que la normativa sobre la reserva de inversiones la acepta bajo la condición de que sean bienes afectos a la actividad y que sean productivos.

Y pregunta si se podrán poner en producción los alquileres vacacionales con las restricciones de la normativa vigente, para también interpelar si el Gobierno canario acelerará ahora la modificación del decreto que regula el alquiler vacacional.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional “sospecha” que ésta pudiera ser la “única” razón por la cual el Gobierno de Canarias agilice la modificación, algo que “no ha hecho por más de treinta mil familias canarias”.

Esta asociación lamenta que la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, haya admitido que desconoce cuándo se va a producir la modificación del Decreto que el Ejecutivo regional ha ido prorrogando trimestralmente de manera sistemática desde mayo de 2015.

Esa tardanza en modificar el decreto es para esta asociación “lo que hace latente, una vez más la falta de voluntad política al respecto”, y añade que lo “triste es que después de varios años, sean ahora los gobiernos de Baleares y Canarias los que soliciten al Gobierno central que tome cartas en el asunto” al pedir que regule el alquiler vacacional.

Esa petición, comenta la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, no se sabe si es porque “se encuentran perdidos” después de “hacernos gastar a los canarios más de 18.000 euros” en informes de agentes externos, que denotan la consistencia de la actividad en las islas y su impacto económico.

O podría deberse a que se prefiere que sean los tribunales, por medio de los recursos presentados por asociaciones como ASCAV, o la iniciativa privada, o el Gobierno central, “los que asuman la responsabilidad que les permita seguir quedando bien en la foto con determinados colectivos”, agrega la asociación.

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