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Las entidades que no cumplan con la Audiencia de Cuentas serán penalizadas

Las administraciones estarán sujetas a una retención del 2% en los pagos que tengan pendientes 

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Las administraciones que no faciliten a la Audiencia de Cuentas la información necesaria para fiscalizar su gestión estarán sujetas a una retención del 2% en los pagos que tenga pendientes por parte de la Tesorería de la comunidad autónoma, ha anunciado este jueves el Gobierno canario.

Esta penalización ha sido pedida por la propia Audiencia de Cuentas, ante los sucesivos incumplimientos en que incurren algunas administraciones, ha informado este jueves el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, que acordó solicitar un dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que regulará este procedimiento.

Marrero ha explicado que la retención, que finalizará después de acreditar que estas entidades han colaborado finalmente con el órgano fiscalizador, se aplicará a los organismos autónomos y empresas públicas adscritas o participadas por el Gobierno de Canarias.

Así mismo, estarán sujetos a esta nueva normativa los ayuntamientos, cabildos y mancomunidades; las universidades públicas; y cualquier otro ente que reciba fondos de los presupuestos de la administración autonómica.

El procedimiento se iniciará a petición de la Audiencia de Cuentas que dará un plazo de 15 días a la entidad incumplidora para atender sus requerimientos en relación a la correcta remisión de información y documentación.

Transcurrido ese periodo sin ser atendidos, instará a la Tesorería de la comunidad autónoma a la retención del 2% de los pagos que puedan corresponderle.

La resolución la ejecutará la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que contará con tres días para hacer efectiva esa retención sobre los pagos en firme, los que estén en fase de ordenación o sobre los futuros abonos que se prevé realizar a la entidad incumplidora.

La retención se cancelará cuando la Audiencia de Cuentas comunique que el ente ha aportado la información requerida y haya cumplido con su obligación legal. Tras esa constatación, se procederá a liberar la totalidad de los pagos pendientes.

Por otra parte, Marrero ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula un nuevo reglamento de organización y funcionamiento de la Intervención General de la comunidad autónoma con el objetivo de intensificar el control de los fondos públicos.

La norma, que no supone un incremento de costes, introduce nuevas líneas organizativas y mejora los procedimientos que desarrolla actualmente este órgano sobre las actuaciones que llevan a cabo los distintos departamentos del Gobierno de Canarias para incrementar sus niveles de eficacia, eficiencia y transparencia.

Con este propósito, se refuerza la coordinación entre las tres modalidades de control que se realizan sobre los fondos públicos, es decir, la fiscalización previa, el control financiero permanente y la auditoría, así como la simplificación y homogeneización de los criterios de trabajo para potenciar la agilidad administrativa.

La revisión del reglamento en vigor se efectúa para adecuar las estructuras de la Intervención General a los continuos cambios que se suceden en el ámbito económico-financiero; para adaptarse a las modificaciones normativas introducidas por el Gobierno central sobre la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la transparencia; y para hacer frente a las restricciones en la disponibilidad de recursos.

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