Bruselas ve ilegales las nuevas condiciones del Gobierno a E.ON
La Comisión Europea dijo este miércoles que las condiciones de la CNE a la opa de E.ON sobre Endesa siguen violando, tras su modificación, la legislación comunitaria y dio a las autoridades españolas hasta el próximo 13 de diciembre para responder a este dictamen.
En su “evaluación preliminar” sobre la resolución del Ministerio de Industria que cambió los requisitos impuestos por la CNE a la opa del grupo alemán, Bruselas señala que las nuevas medidas violan el principio de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento y algunas también el de libre movimiento de mercancías.
El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, precisó que este dictamen negativo afecta a “todas” las medidas establecidas por la decisión de Industria del pasado 3 de noviembre.
Puso como ejemplo de condiciones contrarias a la normativa europea la obligación de mantener la marca Endesa, así como las de no vender activos de Endesa en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, utilizar en sus plantas carbón de producción nacional y no desviar gas producido en España a otros mercados.
Todas esas exigencias, recalcó Todd, son incompatibles con los principios comunitarios de libertad de establecimiento y de libre movimiento de capitales y, en el caso de los dos últimos ejemplos, también con el principio de libre circulación de bienes.
Nuevo plazo
A pesar de esta conclusión, Bruselas ha optado por no dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto a España por este caso y, así, en vez de enviarle un “dictamen motivado” (paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE) le ha dado un nuevo plazo para explicar sus argumentos.
En un comunicado, el Ejecutivo de la UE recuerda que en septiembre pasado ya dictaminó que los requisitos fijados por el regulador español a la operación eran contrarios a la normativa comunitaria sobre fusiones.
Subraya que esa decisión “sigue siendo válida” dado que la modificación de las condiciones adoptada por el Ministerio de Industria a principios de noviembre “no ha modificado -o sólo lo ha hecho ligeramente-” la decisión original de la CNE.
En su resolución, que fue aceptada por E.ON, Industria retiró las medidas más polémicas, como la exigencia al grupo alemán de desprenderse de activos de Endesa.
Respecto al procedimiento de infracción que la Comisión abrió a España por este motivo el pasado 18 de octubre, Bruselas indica que todavía “está evaluando si las autoridades españolas han acatado” la petición que les hizo el 26 de septiembre de retirar 18 de las 19 condiciones de la CNE por considerarlas “ilegales”.
El Ejecutivo de la UE recalcó que la “evaluación preliminar” remitida hoy a Madrid sólo se refiere a la compatibilidad con la normativa europea de las condiciones “diferentes o adicionales” impuestas por el Ministerio de Industria en su resolución del pasado 3 de noviembre.
El Gobierno español tiene hasta el 13 de diciembre para exponer a Bruselas sus argumentos y, en caso de que la conclusión preliminar de la Comisión se confirme, ésta podría adoptar una decisión declarando que España ha violado la legislación europea y solicitarle formalmente la retirada de las nuevas condiciones incompatibles con las normas de la UE.
