Bruselas propone que accionistas y acreedores paguen cuando quiebre un banco
BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha anunciado que propondrá reglas comunes en la UE para garantizar que en el futuro sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen cuando quiebre un banco. Bruselas dotará a los supervisores nacionales de poderes armonizados que les permitan obligar a las entidades a elaborar 'testamentos vitales', suspender el pago de dividendos a los accionistas cuando se detecten problemas e imponer descuentos a la deuda en manos de los acreedores.
“Cuando hay una crisis en un banco, la alternativa es la catástrofe y la quiebra desordenada o el salvamento con fondos públicos. Queremos escapar de esta alternativa con reglas sólidas y procedimientos eficaces”, ha explicado el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.
Las ayudas públicas que han dedicado los Estados miembros a rescatar a sus bancos tras la crisis financiera ascienden al 13% del PIB. Con sus nuevas propuestas, Bruselas quiere evitar el “riesgo moral” que supondría que los bancos tengan la certidumbre de que los Gobiernos acudirán de nuevo a su rescate.
“En el futuro, los acreedores y los accionistas estarán en primera línea, y no los contribuyentes”, ha resaltado Barnier.
El nuevo marco de gestión de crisis bancarias de la UE incluirá un arsenal completo de medidas que se irán desplegando en la medida que lo exija la gravedad de la situación. Con carácter preventivo, el Ejecutivo comunitario quiere que los bancos, especialmente las entidades transfronterizas, elaboren 'testamentos vitales' en los que se detalle cómo realizar una liquidación rápida y ordenada de la institución en caso de problemas.
Desde el momento en que se detecten las primeras dificultades, los supervisores nacionales podrán prohibir al banco el pago de dividendos, obligarle a deshacerse de las actividades que estén generando más riesgo e incluso destituir a los directivos y asumir el control.
Cuando la quiebra sea inevitable, la Comisión quiere que las autoridades dispongan de poderes para forzar su venta a una entidad sana, o transferir todos o parte de sus activos a un banco puente que permita garantizar la continuidad de los servicios esenciales y gestionar la liquidación de manera ordenada.
En este caso extremo, Bruselas propondrá que los acreedores asuman parte de los costes mediante la aplicación de un descuento a la deuda que poseen. Para cubrir los costes que no puedan ser asumidos por accionistas y acreedores, la Comisión pide a los Estados miembros que creen un fondo de resolución, compatible con los fondos de garantía de depósitos y financiado con contribuciones de las propias entidades. Esta propuesta ha sido rechazada por Reino Unido, Francia y España, que quieren dedicar los ingresos que recauden con sus tasas bancarias al presupuesto.
Finalmente, para aumentar la coordinación entre los Estados miembros en caso de quiebra de un banco transfronterizo, Bruselas propone crear grupos que reúnan a las autoridades nacionales con poderes de liquidación apoyándose en los colegios de supervisores que ya existen.
El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar sus propuestas legislativas concretas en primavera de 2011.
