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Bruselas propone cambios legales contra el fraude en la multipropiedad

LA NUEVA NORMATIVA INCLUIRÁ A LOS CLUBES DE VACACIONES

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La Comisión Europea propuso este jueves cambios en la normativa que regula la multipropiedad para evitar las estafas en el sector mediante la extensión de su aplicación a contratos ahora no incluidos, como las estancias compartidas en cruceros o los clubes de descuentos de vacaciones. Presentadas este jueves por la comisaria europea de Consumo, Meglena Kuneva, las nuevas medidas se pretenden solventar las lagunas jurídicas de la directiva en vigor, de 1994, y combatir los abusos en uno de los sectores que más denuncias genera cada año en la UE, especialmente en España.

Según Kuneva, en 2006 se registraron 2.256 reclamaciones en torno a este tipo de productos en toda la Unión, 188 de ellas en España. Por nacionalidades, los más afectados fueron los ciudadanos alemanes, seguidos de los británicos, los belgas y los suecos.

Fuentes comunitarias explicaron que casi todas las denuncias que se presentan en España corresponden a ciudadanos extranjeros, y que las comunidades que más quejas reciben cada año son Canarias y Andalucía. Aunque en Cataluña y la Comunidad Valenciana también son populares estas fórmulas de veraneo, el número de denuncias es muy inferior, según las fuentes.

En la UE hay cerca de 1.500 complejos que ofrecen estancias de una o varias semanas al año en apartamentos, mercado que representa en torno a los 10.500 millones de euros al año y que emplea a unas 40.000 personas. Sólo en España, país que cuenta con el mayor número de complejos de tiempo compartido de toda Europa (327 en 2003), el sector mueve cerca de 4.200 millones anuales.

Ofertas entre lagunas legislativas

Los contratos de multipropiedad o a "tiempo compartido" ofrecen el derecho a pasar una temporada (una o más semanas) en un alojamiento turístico durante un plazo de tres o más años. El problema es que desde la aprobación de la normativa actualmente en vigor, de 1994, algunas empresas han lanzado productos y prácticas comerciales que aprovechan las lagunas que deja la legislación para saltarse las normas.

Por ejemplo, la directiva actual abarca los contratos de al menos tres años (36 meses), mientras que algunas ofertas esquivan esa norma con contratos de 35 meses. Para solventar los problemas, la CE propuso este jueves incluir en la directiva los contratos por un periodo inferior a los 3 años y aplicar esas normas no sólo a los inmuebles de multipropiedad, sino también a las estancias en régimen de tiempo compartido en barcos, caravanas o cruceros.

También se aplicará a los clubes de descuentos de vacaciones, que según la comisaria son el modelo vacacional donde hay más fraude. La comisaria explicó que en la contratación de los servicios de esos clubes, los consumidores pagan una alta suma de dinero para obtener acceso a una página web que promete grandes descuentos en la contratación de un alojamiento turístico, vuelos o alquiler de coches, que en muchos casos resultan ser engañosos.

La normativa se aplicará además a la reventa e intercambio de productos a tiempo compartido, que permiten a los propietarios cambiar por ejemplo su semana de alojamiento en Canarias por otra en los Alpes. La Comisión indicó que con las nuevas normas de información "se velará por que los consumidores tengan una imagen más realista de la oferta y no terminen decepcionados".

Otra modificación prevista es la ampliación del período en el que los compradores pueden dar marcha atrás en caso de haber firmado un contrato, que pasará de 10 a 14 días, explicó Kuneva. La comisaria se mostró convencida de que las propuestas beneficiarán tanto a los consumidores como a la industria, al terminar con las empresas que cometen abusos, creando una mala imagen del sector.

Fuentes comunitarias precisaron que la normativa española en ese área va más allá de la directiva actualmente en vigor, por lo que la adaptación a la nueva legislación sólo implicará ligeros cambios. Las fuentes confiaron en que el nuevo marco jurídico, que tendrá que ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeos, pueda entrar en vigor dentro de un año o año y medio.

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