Canarias pide que en el REF sean efectivas las compensaciones para contrarrestar la lejanía

Momento de la reunión del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, con representantes de organizaciones empresariales, sindicales, educativas y sociales para abordar los aspectos económicos del REF. EFE/Cristóbal García

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

El Gobierno de Canarias ha presentado este lunes la propuesta de renovación de los aspectos económicos de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) en el que pide cambios para rebajar los sobrecostes que ocasionan la lejanía y la insularidad, y reclama que sean efectivas esas compensaciones.

En rueda de prensa tras presentar la propuesta a representantes de instituciones de las Islas, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, insistió en que los gobiernos españoles no han cumplido la ley del REF.

Javier González Ortiz dijo que es preciso que en el Gobierno español haya conciencia de que la ley del REF debe cumplirse para que Canarias no esté en condiciones de inferioridad con el resto del territorio español.

La propuesta de actualización de los aspectos económicos del REF será remitida al Parlamento de Canarias para su debate y posterior envío al Gobierno español.

El consejero recordó que el REF afecta a todos los ciudadanos de las Islas desde que se levantan, ya que incluye rebajas en el coste de la energía, y comentó que uno de los objetivos de la actualización es que la ley se “blinde” en el bloque constitucional.

Explicó Javier González Ortiz que en la propuesta de reforma se incluyen compensaciones a las islas no capitalinas, así como prestar mayor atención a los aspectos sociales como empleo y formación, así como incorporar medidas para incentivar el desarrollo económico cohesionado de las Islas.

En la propuesta se recogen actuaciones para garantizar que en el Archipiélago canario la presión fiscal sea menor que en el territorio español continental tanto en transporte como en energía, agua, telecomunicaciones y gestión de residuos.

Así, en el transporte de personas se recoge el reconocimiento de que es un servicio público esencial y se establece aumentar el actual 50% de subvención a los trayectos aéreos y marítimos en función de la evolución del mercado.

Javier González Ortiz destacó la necesidad de estudiar la posibilidad de establecer precios máximos de referencia cuando haya razones de interés general para ello.

Respecto del transporte de mercancías se quiere elevar al 100% la compensación del coste efectivo entre las islas, entre éstas y la Península Ibérica y con países de la UE, así como que el Estado asuma al completo el sobrecoste que tiene el transporte público terrestre en las Islas.

Los puertos y aeropuertos se califican como infraestructuras de interés general con tarifas diferentes y reducidas, y se establece el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación de toda la población canaria, de forma que se pide que en los presupuestos del Estado se financie el sobrecoste que tienen los operadores en servicios como los de banda ancha.

En energía se insiste en pedir precios equivalentes al resto del territorio español y se aboga por un plan para implantar un modelo basado en las energías renovables, además de políticas tarifarias para primar el uso racional y el ahorro energético.

El Gobierno canario también solicita un sistema de compensación para el coste del agua desalinizada, regenerada o reutilizada, de manera que las tarifas se moderen hasta un nivel equivalente al de la Península.

Como una de las novedades se incluye la gestión de residuos, de manera que se garantice la financiación de su tratamiento en Canarias, o el traslado hasta Península, y por primera vez figura en el REF el concepto de responsabilidad social corporativa que tendrán que asumir las empresas que se beneficien de los incentivos económicos.

Asimismo el Gobierno canario solicita un plan integral de empleo mientras la tasa de paro en las Islas supere la media española, y, para reactivar el marcado laboral fija un programa de formación profesional con becas de desplazamiento, mientras que para las universidades pide recursos financieros en igualdad de condiciones que el resto del sistema español.

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