Corbacho aclara que su apuesta es la contratación en origen
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, subrayó este miércoles que la discriminación positiva por nacionalidad o residencia es inconstitucional y que su apuesta es cubrir el trabajo existente con las personas que se encuentran en el territorio y sólo si no se consigue acudir a terceros países.
De esta manera, tras subrayar que puede no haberse explicado bien este martes en Tenerife, aseveró que “nunca” ha “dicho” que haya que discriminar a los desempleados “en función de nacionalidad, y mucho menos en función de residencia”.
“Ya anticipo que creo que eso es anticonstitucional”, apostilló el ministro, quien agregó que ello significaría que un canario en Cataluña no podría trabajar hasta que estuvieran empleados todos los catalanes.
“Esto no puede ser posible, no puede haber discriminación de ciudadanos españoles con independencia del territorio” en el que se encuentren.
Ahora bien, prosiguió, entendiendo por “origen” los países extracomunitarios, no otros puntos de España o la Unión Europea, “no parece razonable potenciar las contrataciones en origen para traer personas” que hagan trabajos en Andalucía o Extremadura “si allí hay mano de obra”.
Ello no implica que haya que anular las contrataciones en origen, apuntó el ministro, que citó como ejemplo que Cataluña necesita mil médicos y no los hay, y, salvo que se flexibilice la norma para los facultativos residentes, habrá que buscarlos “fuera”.
Pero “en definitiva, si los tenemos aquí, no parece razonable que vayamos allí”, pues aunque la contratación en origen es “un buen sistema”, en un momento de incremento del paro, su apuesta es que “el mercado interior dé respuesta al mercado interior en función de los residentes, no de nacionalidades”.
Por esta misma razón, considera que no hay que dar privilegios a los parados inmigrantes frente a los parados nacionales.
“Y al revés, una persona con permiso residencia y trabajo que paga impuestos y está legal en Canarias tiene los mismos derechos” a optar a un puesto de trabajo que cualquier canario o peninsular, concluyó.
Por otra parte, subrayó que los inmigrantes que entren en España de forma irregular sólo pueden tener como destino el retorno y consideró que si ampliar el periodo de retención de 40 a 60 días para tramitar la expulsión es suficiente, estará de acuerdo con este periodo, y si es insuficiente no descarta que sea aumentado.
La reflexión del ministro es que “ni un día más, ni un día menos” de lo necesario para el conseguir el objetivo del retorno, por ello considera que discutir si 60 o 70 días es un debate falso.
Corbacho no consideró injusto que los inmigrantes retornen, pues “una casa tiene la capacidad que tiene” y dejarlos en España no solucionaría los problemas alimentarios de sus países, pues la solución para por la contribución de la UE al desarrollo de estos territorios.
Además, dejar 50.000 inmigrantes o 2.000 menores no acompañados en Canarias generaría una situación “no gobernable”.
En cuanto a la solución para los mil menores no acompañados que se encuentran en Canarias, consideró que no se trata de una cuestión que deba plantearse en términos de competencia institucional, gasto económico o número.
A su juicio, debe ser objeto de diálogo entre los gobiernos para gestionar el fenómeno de la mejor manera, pues si bien la competencia es del archipiélago, las islas no tienen la “culpa” de ser puerta de entrada de Europa.
En cuanto a las cifras del paro en Canarias, dijo no estar en disposición de ofrecer un diagnóstico sobre las causas que generan un mayor desempleo en las islas y declinó calificar de “errores” las acciones emprendidas por el Gobierno canario.
En cualquier caso, considera que, aparte de la construcción, en Canarias incide el sector servicios y que a largo plazo se debe reflexionar sobre el modelo turístico de las islas e incluso de sus infraestructuras.
