Enel alcanza el 21,5% de Endesa y entorpece la oferta de E.On
Las compras de Enel impulsaron al alza la cotización de Endesa, que subió un 0,86% y cerró a 38,78 euros por acción, por encima del precio ofrecido por E.On (38,75 euros). La eléctrica italiana pidió este jueves autorización a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para superar el 10% en Endesa y para ejercer todos sus derechos políticos, cuestión esta última que también planteó ante el Ministerio de Industria.
En el campo político, el Gobierno negó cualquier relación con la entrada de Enel y subrayó su neutralidad en la pugna por Endesa, mientras que el PP le acusó de “corrupción” y de violar la legalidad por las reuniones que mantuvo con responsables de la compañía italiana.
Cerca de 8.900 millones
Enel, que compró el martes un 9,99 por ciento de Endesa, se ha garantizado el 21,57% tras adquirir un 11,58% adicional a través de derivados financieros que se ejecutarán cuando obtenga las autorizaciones administrativas. La eléctrica italiana se hizo por la mañana con un 7% a través de UBS y por la tarde con un 4,58 adicional a través de Mediobanca.
Enel ha comprado 122,6 millones de acciones (74,1 millones a través de UBS y 48,5 millones a través de Mediobanca) a un precio de 39 euros por título, lo que supone un desembolso de 4.781 millones. Puesto que el martes pagó 4.126 millones por el 9,99% de Endesa, la eléctrica italiana ha desembolsado ya 8.907 millones.
El aumento de la participación de Enel dificulta enormemente la eliminación de los blindajes estatutarios de Endesa en la Junta Extraordinaria del 20 de marzo, condición a la que está supeditada la opa de E.On. Si Enel (21,57%), Acciona (21,03%) y la SEPI (2,9%) no votan a favor, será necesaria una participación del 96%.
En el ámbito regulatorio, Enel pidió este jueves autorización para elevar hasta el 24,9% su participación en Endesa y para ejercer todos sus derechos políticos. La solicitud presentada ante Industria es el primer paso para que el Gobierno pueda levantar las limitaciones de voto que la legislación española impone a las empresas extranjeras con capital público que entren en compañías energéticas españolas.
Según la Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el 2000, los derechos políticos quedarán limitados al 3%, salvo que el Consejo de Ministros elimine esa restricción. En 2004, el Ejecutivo autorizó a la portuguesa EDP, participada en un 24% por el Estado luso, a ejercer los derechos en Hidrocantábrico (ahora HC Energía).
En cuanto a las solicitudes planteadas directamente ante el regulador energético, la CNE tendrá que decidir si autoriza a Enel a elevar su participación en Endesa por encima del 10%. Según las nuevas facultades asignadas el año pasado a la CNE, el regulador energético deberá autorizar cualquier operación que implique la compra de más de un 10% de una empresa con actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad).
En segundo término, la CNE deberá decidir si autoriza a Enel a ejercer todos sus derechos en Endesa teniendo en cuenta que también es propietaria de Viesgo, la quinta eléctrica española. La apertura de este expediente dependerá de si Viesgo queda incluida en la lista de los cinco operadores principales que elabora anualmente el regulador energético.
El Real Decreto 6/2000 restringe los derechos de voto de una sociedad que participe en dos empresas consideradas operadores principales en el sector energético.
Las reuniones “suponen un pacto prohibido”
Las solicitudes de Enel no fueron analizadas este jueves por el Consejo de Administración de la CNE, ya que entraron en el registro pasadas las cinco de la tarde, una vez concluida su reunión.
En la arena política, el ministro de Industria, Joan Clos reiteró que el Gobierno actúa con “absoluta neutralidad” en la pugna por el control de Endesa. El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, dijo que la entrada de Enel en el capital de la eléctrica española es “realmente un movimiento empresarial” y negó implicaciones políticas en la operación.
Por el contrario, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, acusó al Gobierno de “corrupción” y de cometer una “ilegalidad” por reunirse con los responsables de Enel. Enel comunicó el pasado miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su consejero delegado, Fulvio Conti, se reunió el pasado 16 de febrero con Clos y con el director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas.
Aunque el Ejecutivo ha negado que en esos encuentros se planteara la entrada de Enel en Endesa, Martínez-Pujalte dijo hoy que las reuniones “suponen un pacto prohibido” por la legislación vigente. El secretario de política económica del PP, Miguel Arias Cañete, expresó su confianza en que la CNMV investigue la entrada de Enel en Endesa e interrogue “a todos los que han intervenido”, incluido el presidente del Gobierno, Luis Rodríguez Zapatero.
