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Fundación BBVA cree que las CCAA reaccionaron tarde con los ajustes

MADRID

Las comunidades autónomas han sido lentas para atajar el déficit público y solo tras las elecciones del mes de mayo se han puesto manos a la obra con los ajustes, con lo que equilibrar sus saldos es ahora el reto para salir de la crisis.

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MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Director De La Fundación BBVA, Rafael Pardo

Director De La Fundación BBVA, Rafael Pardo

Las comunidades autónomas han sido lentas para atajar el déficit público y solo tras las elecciones del mes de mayo se han puesto manos a la obra con los ajustes, con lo que equilibrar sus saldos es ahora el reto para salir de la crisis.

Así lo indicó el director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, durante la presentación del informe, 'Las diferencias regionales del sector público', que ha dirigido y que ha sido publicado en colaboración con la Fundación BBVA.

Según el informe, el "insostenible" déficit público y las desigualdades en términos de presencia pública en los territorios, de gasto por habitante o "anomalías" en el plano de la solidaridad obligan a realizar estos ajustes y al mismo tiempo a buscar una situación de mayor equilibrio.

El estudio estima que el peso del sector público español sobre el PIB --del 45,8% del PIB en 2009-- viene siendo inferior al de países como Francia (56%), Italia (51,9%) o Alemania (47,5%), si bien evidencia que el 36,3% del gasto corresponde a las comunidades autónomas, por delante de la administración central (21,8%), y que prácticamente el 75% de este gasto del Estado se va en las partidas de sanidad, educación y servicios sociales.

Más concretamente, el estudio señala que el gasto sanitario ha presentado una trayectoria "muy expansiva" y es una de las partidas que produce "serios desequilibrios financieros en las comunidades autónomas". De hecho, Pérez puso de manifiesto que las diferencias en el gasto per capita en sanidad y educación entre unas comunidades y otras pueden llegar a alcanzar el 30%.

Así, si bien no consideró que exista un "sobredimensionamiento generalizado" en el sector público, señaló que el gasto sanitario es "una parte importante" de la explicación del actual déficit y es "un camino por el que no se puede continuar". "Hay que intentar reconducirlo", apostilló el autor, en cuyo informe se explica que ""en la gestión de estos servicios hay márgenes para mejorar la eficiencia, reduciendo los costes sin perjudicar su calidad".

"El sector público tiene que lograr ser más riguroso al asignar los recursos y reducir las actuales desigualdades de recursos por habitante", señala el informe, para añadir que "este objetivo debería ser contemplado al diseñar los ajustes fiscales en curso y los escenarios futuros de estabilidad presupuestaria".

HAY QUE REEQUILIBRAR.

Así, el informe recomienda que se diseñen los escenarios de consolidación fiscal de las comunidades autónomas de acuerdo con las "conficiones de estrechez" de cada una de ellas, porque si comunidades con altos niveles de deuda, pero con menos recursos, como Baleares o la Comunidad Valenciana, se ven obligadas a aplicar los ajustes más severos, "probablemente disminuirán su capacidad para ofrecer servicios públicos básicos".

Preguntado por el techo de gasto que previsiblemente establecerá el nuevo Gobierno para las comunidades autónomas, el director del estudio indicó que este mecanismo debe tener en cuenta estas desigualdades para no consolidarlas.

Asimismo, Pérez avisó de que el proceso de descentralización en España ha sido "confuso y borroso" en algunos casos, y debería ser "más eficiente y equitativa", a la vista de que ha generado diferencias de recursos por habitante entre las comunidades autónomas.

Del mismo modo, consideró que el nuevo sistema de financiación autonómica ha corregido de manera "muy parcial" las ineficiencias del sistema anterior. Además, el informe concluye que "en los gobiernos regionales se aprecian diferentes propensiones al gasto, como resultado de su orientación y distinta capacidad de influencia política en las decisiones del Gobierno central".

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