El Gobierno recula y no modificará los horarios comerciales
La reforma de la Ley de Comercio que prepara el Gobierno de Canarias para ajustarla a la Directiva Europea Bolkenstein mantendrá intacta la actual regulación de los horarios comerciales del Archipiélago. Éste es el compromiso al que ha llegado el director general de Comercio del Ejecutivo regional, Arturo Cabrera, con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.
Esta medida supone que el Gobierno autonómico, según informa la Cámara de Comercio en un comunicado, “da marcha atrás” en el Borrador del Anteproyecto de la Ley de Comercio y acepta una de las principales alegaciones presentadas por la institución cameral. De esta manera, no se podrá aumentar el número de domingos y festivos exentos por encima de los nueve días, ni los ayuntamientos tendrán capacidad alguna para decidir la libre apertura de los establecimientos.
Para el presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio González Martín, esta decisión del Ejecutivo autonómico “es una gran noticia para el sector comercial del Archipiélago y para la inmensa cantidad de puestos de trabajo y familias que dependen de él”. Además, considera que supone un auténtico alivio y un acicate para mejorar la confianza empresarial tras la gran alarma que generó en el sector la presentación del primer Borrador del Anteproyecto de Ley de Comercio.
La decisión del Ejecutivo de respetar el actual sistema de ordenación legal de los horarios comerciales la dio a conocer el propio Arturo Cabrera en el seno de la Comisión de Comercio Interior de la institución cameral, presidida por Eulogio Hernández López. El encuentro de trabajo contó también con la participación del vicepresidente de la Cámara y presidente de la patronal del Comercio, Coreco, Luis de Miguel Bartolomé, y con el catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL), José Luis Rivero Ceballos, en calidad de experto invitado, entre otros.
El director general de Comercio del Gobierno de Canarias explicó que el Ejecutivo respalda los argumentos de la Cámara en relación a los horarios del comercio porque coincide en que en Canarias no puede existir una liberalización total de la actividad comercial dada las singularidades territoriales de nuestra región. Tal y como indicó, “se trata de un principio de defensa de nuestra actividad comercial que se va a sustentar en las especificidades de Canarias como Región Ultraperiférica, que ya están reconocidas por Europa en el artículo 299 de tratado de la Unión”.
Sin embargo, el catedrático de Economía Aplicada de la ULL comentó que el Gobierno de Canarias ha perdido una oportunidad de oro, la de negociar de forma conjunta con el resto de regiones ultraperiféricas, un documento que defienda la necesidad de autorizaciones específicas para unos territorios tan vulnerables y singulares.
En esta misma línea se expresó el presidente de Coreco, Luis de Miguel Bartolomé, entendiendo que no se han hecho todos los esfuerzos para defender los intereses de un sector vital para la economía y el empleo de las islas, al contrario de los de los que si se observan para la defensa de otros subsectores de actividad como es el del plátano.
Por su parte, el director general de Comercio defendió la línea de trabajo que el Gobierno de Canarias está manteniendo en la aplicación de la Directiva Bolkenstein, un anteproyecto de Ley que cuenta ya con el visto bueno del Estado y de Europa.
No obstante, el presidente de la Cámara insistió en la necesidad de explorar todas las posibilidades y no abandonar ninguna vía de negociación y de apoyo al sector comercial hasta el último momento.
Límites a nuevos establecimientos
Además, Arturo Cabrera informó a los representantes de la Cámara de Comercio de que el Gobierno canario va a defender, el mantenimiento de la autorización preceptiva para Grandes Establecimientos Comerciales, cuando superen los 2.500 metros cuadrados, y la Autorización para Centros Comerciales, siempre bajo la defensa territorial y medioambiental, y no por razones económicas, ya que éstas las prohíbe totalmente la directiva europea.
Por eso, según indicó Cabrera, “quedarían fuera de la protección legal que restringe el derecho de instalación en Canarias las tiendas de descuento duro y de saldos, por entenderse que la limitación que marca la actual Ley está sujeta a criterios económicos, que en ningún caso son admisibles por la Directiva Bolkenstein”.
De cualquier manera, el director general de Comercio informó a la Cámara de que el Gobierno ha hecho una consulta al Ministerio y a la Unión Europea para que aclaren si el actual criterio que obliga a pedir autorización de establecimiento cuando se trate de una instalación que supere un número de metros cuadrados en relación a un determinado número de habitantes, puede salvarse de la calificación de baremo económico o no. En este sentido, Arturo Cabrera se comprometió con la Cámara a hacerle llegar el resultado de la consulta una vez obtenga respuesta por parte de ambas administraciones.
De igual manera también se está pendiente de que los cabildos aprueben sus planes insulares de ordenación comercial, que también son determinantes para autorizar o no la instalación de nuevas superficies comerciales. Según Arturo Cabrera “los Cabildos han decidido no redactar estos planes y, por eso, han sido encargados a la empresa pública GESPLAN, para cuya elaboración no sólo contará con el apoyo de la Dirección General de Comercio, sino con la colaboración de municipios y cabildos. El plazo previsto para su finalización es el verano de 2009”.
