PSC, CC y PP aprueban una reforma del REF

“Si fuera mañana, mejor que pasado”. Así de contundente se mostró el presidente del Grupo Parlamentario de CC, José Miguel González, al valorar la necesidad “urgente” de aplicar las medidas incluidas en la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) acordadas por las tres fuerzas de la Cámara regional.

Un documento que no tiene nada que ver con el que remitió el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, pues se centra en propuestas “sensatas y realistas”, según aseguró el portavoz del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y que deja de lado la reforma “en profundidad” del REF, que habrá de acometerse a partir del año 2012.

“El Gobierno preparó un documento que nos pareció interesante, pero los grupos decidimos proponer lo que se puede hacer en el marco de la Ley actual, porque muchas de las que propuso no se pueden hacer en el marco actual al exigir un proceso de negociación con Bruselas, y nos hemos centrado en lo que se puede hacer ahora sin necesidad de negociar con Bruselas”, afirmó González.

Por su parte, el socialista Blas Trujillo aseguró que lo que esperan los tres grupos parlamentarios es que “este documento sea hecho suyo por el pleno del Parlamento y, entonces, remitirlo al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias para que, si lo tienen a bien, adopten las medidas que nosotros consideramos que deben adaptarse con carácter urgente”.

Unas medidas que, por otra parte, no son nuevas y que ya están incluidas en la vigente ley del REF del año 1994, aunque no se habían desarrollado en la etapa de bonanza económica, pero que ahora son prioritarias poner en marcha.

“Lo que hemos pretendido es estirar al máximo las actuales medidas que vienen contempladas en nuestra ley para dar respuesta a este difícil momento que estamos viviendo, y de ahí que haya un paquete de medidas para solucionar la falta de capital circulante para las empresas”, afirmó el socialista Trujillo.

Por su parte, González aseguró que el documento es “una actualización, no de la filosofía de los preceptos de la Ley de 1994, sino de su puesta en marcha y que se habían quedado adormecidas quizás por el período de auge económico” que han tenido las Islas hasta el año 2008.

“Lo que se intenta es ser práctico, dar unas ideas sugerentes sobre lo que es la correcta aplicación de la Ley de 1994. Es un documento sensato, es realista y necesita el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pero siendo conscientes de que no nos encontramos en la reforma del REF, sino en su mejor aplicación”, sentenció el conservador Pérez-Camacho.

Objetivos básicos

Los objetivos básicos prioritarios incluidos en el documento, que será aprobado el miércoles como una propuesta de resolución del Debate de la Nacionalidad, son impulsar un desarrollo armónico de Canarias, garantizando un uso racional del territorio y protegiendo la biodiversidad canaria; cooperar en la lucha contra el cambio climático reduciendo en particular las emisiones de dióxido de carbono; lograr una mayor integración de las islas entre sí y con el exterior; converger en renta per capita con la media de la Unión Europea y en la tasa de desempleo con la UE; apoyar la política de cooperación española y europea con los países del entorno y, por último, tomar medidas coyunturales de apoyo a los sectores económicos de cara a la crisis actual.

Para ello, se propone que en tanto el producto interior bruto per cápita de Canarias se sitúe por debajo de la media nacional, el ICO tendrá abierta una línea de préstamos de mediación con tipos interés preferentes para financiar inversiones en activos fijos por parte de las pequeña y medianas empresas domiciliadas en Canarias, que sean de nueva creación o que, ya constituidas amplíen, modernicen o trasladen sus instalaciones.

El importe de las líneas de mediación del ICO debería ascender, al menos, hasta el 1% del PIB canario.

Por parte del Gobierno del Estado, éste deberá prestar especial atención a los programas de reindustrialización de Canarias, “con el objetivo a medio plazo de que la industria alcance al menos el 10 por ciento del PIB canario”, como garantía de la creación de puestos de trabajo fijos y que requieran un alto nivel de formación.

Transporte aéreo

Como medida estrella en lo referente al transporte, los grupos aprueban “desarrollar la aplicación de la 5ª libertad del aire para las aeronaves que procedan o se dirijan a África o América y aterricen en Canarias”, de tal manera que se “potencie la conexión directa de Canarias con otros países, especialmente de África y América”, permitiendo tomar y desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros países, potenciando el papel de Canarias, “como centro de distribución de tráficos aéreos entre los tres continentes”.

Además, las fuerzas parlamentarias piden “compensar mediante una bonificación de las tarifas de los servicios regulares de pasajeros de al menos el 50 por ciento a los ciudadanos españoles y comunitarios residentes en Canarias”, “consignar en los Presupuestos Generales del Estado, anualmente, créditos para bonificar al menos el 70% del coste del transporte de mercancías entre las islas” y con el resto del territorio nacional y mantener, al menos, “la subvención del 50% de las de seguridad para los vuelos regulares, charteres y de tránsito”.

Los tres grupos también proponen “incrementar la subvenciones a las tasas aeroportuarias hasta el 100% por cada pasajero adicional respecto a la temporada equivalente anterior que se añada por los operadores aéreos”, bonificar las tasas aeroportuarias hasta el 50% “a las compañías por la apertura de nuevas rutas, que permitan la diversificación de los mercados de origen turístico”, bonificar “hasta el 50% de las tasas a las compañías que incrementen frecuencias en rutas existentes” y bonificar las tasas aeroportuarias “hasta el 50% a las aerolíneas que operen en los días valle en los aeropuertos canarios”.

En cuanto a las telecomunicaciones, se deberá potenciar, “mediante ayudas con fondos públicos o desgravaciones fiscales, el establecimiento de puntos de conectividad debido a la situación estratégica, tales como el Network Acces Point de Canarias (NAPWACI) y conexiones económicamente neutras con el resto de España, tales como la denominada CanaLink” y, como consecuencia de los mayores costes derivados de la insularidad, “se deberá subvencionar con fondos estatales la generalización de la banda ancha a todas las islas del Archipiélago”.