Salgado pide al Banco de España que investigue las comisiones bancarias

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha anunciado que el Ejecutivo ha solicitado al Banco de España que elabore un informe sobre el “grado de transparencia” en la información que las entidades de créditos ofrecen a su clientes acerca de las tarifas y las condiciones de los préstamos hipotecarios y al consumo, que servirá para abordar un conjunto de “reformas de la normativa” en los próximos meses.

Así lo aseguró en el Congreso la vicepresidenta en respuesta a una interpelación del portavoz de ERC, Joan Ridao, ante quien admitió que es preciso ofrecer una “mejor información” sobre las tarifas y no es suficiente que los precios “estén disponibles para consulta” en las oficinas de las entidades e indicó que el proyecto de Ley de Economía Sostenible ya incluye materias en esa dirección. Esta medida responde a una proposición no de ley pactada entre PSOE y PP y aprobada el pasado 19 de mayo.

A juicio de Ridao, los bancos “han tomado el pelo” al Gobierno tras recibir ayudas, y calificó de “paradójico” que ahora sea el sector el que asesore al Gobierno para superar la crisis que ellos mismos provocaron, siendo, a su juicio, “de las entidades más caras y menos transparentes” de Europa.

Salgado replicó que el sistema financiero español es “robusto” porque se basa en una banca comercial “enfocada al cliente” con una relación estrecha en el marco de la cual se “ajustan los precios”, con una “amplísima red” comercial que permite que no se produzcan problema de “exclusión financiera” a nivel territorial. “Por eso han presentado beneficios importantes”, afirmó.

LAS RESTRICCIONES DE CRÉDITO CONTINÚAN

No obstante, Salgado admitió que “desgraciadamente” las restricciones de crédito motivadas por la crisis persisten, ante las que se sigue actuando a nivel internacional, si bien recalcó que el sistema financiero español sigue siendo “fundamentalmente sólido”.

En este sentido, insistió en que el Gobierno aprovechará “hasta él último minuto” de la presidencia española de la Unión Europea para avanzar en la toma de medidas para mejorar la supervisión y poner en marcha las autoridades españolas, tal y como ayer trasladó en la que confía que sea la última reunión del Ecofin de este periodo --“espero no haya ninguna circunstancia extraordinaria”, recalcó--.

Estas actuaciones que se extienden también a otros ámbitos con actuaciones sobre las agencias de calificación y otras medidas para “prevenir” futuras crisis, se han traducido en España con una serie de actuaciones en los últimos dos años.

FACILIDAD DE CAPITALIZACIÓN DE LAS CAJAS

Entre ellas figuran desde el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAFF) y los avales a las emisiones bancarias, hasta el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, (FROB), que estará disponible hasta el 30 de junio, y que se completarán con la reforma de la ley de cajas para dotarlas de mayor transparencia y más “facilidad de capitalización”.

“Con ello buscamos potenciar la fortaleza ante la crisis y la recuperación del sistema financiero, que no podrá contar con el área de negocio derivado de la burbuja inmobiliaria”, incidió Salgado, quien recordó que las actuaciones de créditos públicos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En este sentido, señaló que tras la selección de BBVA y Banco Santander para gestionar esta línea, los plazos de puesta en marcha van “en línea con lo debido” y podrán empezar a concederse el próximo 15 de junio.

ESCUCHARÁ “CON MUCHO INTERÉS” A ERC

Por otro lado, Ridao calificó de “obscenidad” las retribuciones de los directivos y consejeros de varias entidades como la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y empresas del Ibex, que confirman, a su juicio, que no todo el mundo participa de manera equitativa para salir de la crisis.

Salgado señaló que hay iniciativas en materia de remuneración de banca y empresas a nivel internacional --que han servido de marco para la Ley de Economía Sostenible (LES)-- en la línea de que los incentivos centrados en intereses de accionistas y alineados con rentabilidad a medio y largo plazo, “que haya no solo bonus sino también malus” e incluso posibilidad de multas.

“El Gobierno de España reconoce la necesidad de implantar medidas que concreten esos principios”, incidió Salgado, quien aseguró que escuchará “con mucho interés” las sugerencias de ERC a través del trámite de la LES.