Sanciones de hasta 15.000 euros por cláusulas abusivas
La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias iniciará en junio una campaña para inspeccionar si hay cláusulas abusivas en los contratos formalizados por las entidades financieras en el archipiélago, lo que puede conllevar sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros.
El director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, animó este martes en rueda de prensa a los usuarios a denunciar la posible existencia de este tipo de cláusulas ante las oficinas municipales de atención al consumidor y el departamento autonómico del área, pues afirmó que “se nos ha abierto el camino” para defender sus derechos.
Gustavo Matos explicó que la Dirección General ha decidido intervenir y ejercer sus competencias en el asunto, ya que dos sentencias “han despejado las dudas” al respecto, y son la emitida por el Tribunal de Justicia europeo el 14 de marzo y el Tribunal Supremo el 9 de mayo, que remiten a las administraciones competentes en materia de consumo para “perseguir” este tipo de cláusulas.
Por ello el departamento autonómico hará en junio y julio un “muestreo” sobre las hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos personales y preferentes que se formalicen con posterioridad a ambas sentencias, siempre con salvaguarda de los datos personales de los usuarios.
El director general precisó que su departamento no tiene capacidad para declarar la nulidad de una cláusula considerada abusiva, pues eso depende de los tribunales de justicia, pero sí tiene la competencia para abrir un expediente sancionador.
Añadió que convocará a la red municipal de oficinas de atención al consumidor de las islas para coordinar la campaña, que se desarrollará también en otras épocas del año, y señaló que los inspectores están acostumbrados al trabajo “duro” pero, de ser necesario, pedirá refuerzo a otros departamentos del Gobierno canario.
“Lo que no entienden los ciudadanos es que nadie sea competente para resolver su problema”, manifestó Gustavo Matos, quien indicó que prefiere un exceso de trabajo ante una posible “avalancha” de denuncias que quedarse “cruzado de brazos ante un problema de esta magnitud”.
En cuanto a los contratos con entidades financieras firmados antes de las dos resoluciones judiciales citadas “va a ser difícil intervenir”, lo que no implica que la Dirección General no pueda hacer nada, señaló su responsable, pero en todo caso se van a controlar los formalizados con posterioridad.
