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Sebastián remitirá a las CCAA el anteproyecto de Ley de distribución en tres meses

MADRID

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se ha comprometido con las comunidades autónomas que tienen plantas de fabricación de automóviles a tener preparado el anteproyecto de Ley de contratos de distribución en un plazo de tres meses, con el objetivo de solucionar "con la mayor brevedad" el conflicto planteado entre concesionarios y fabricantes a raíz de la aprobación, el pasado día 15 de febrero, de la enmienda a la Ley de Economía Sostenible que introduce cambios en el marco de las relaciones entre los agentes del sector.

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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Sebastián se reúne con las CCAA para hablar sobre el sector del automóvil

Sebastián se reúne con las CCAA para hablar sobre el sector del automóvil

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se ha comprometido con las comunidades autónomas que tienen plantas de fabricación de automóviles a tener preparado el anteproyecto de Ley de contratos de distribución en un plazo de tres meses, con el objetivo de solucionar "con la mayor brevedad" el conflicto planteado entre concesionarios y fabricantes a raíz de la aprobación, el pasado día 15 de febrero, de la enmienda a la Ley de Economía Sostenible que introduce cambios en el marco de las relaciones entre los agentes del sector.

Así lo ha manifestado el consejero de Industria, Comercio e Innovación del gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, tras participar en la reunión que el Ministerio de Industria ha celebrado este martes con las CCAA para tratar de analizar los efectos que puede tener la aplicación de dicha enmienda, la cual introduce significativos cambios normativos en el sector del automóvil.

Por su parte, las CCAA se han comprometido, tal y como ha asegurado Aliaga, a tratar de "convencer a los grupos políticos de la necesidad de estudiar los efectos de esa nueva normativa", que, según el consejero aragonés, ha creado "un enfrentamiento y un mal ambiente en el sector tanto de los distribuidores de automóviles como de los fabricantes" a causa de "la trascendencia de los efectos que puede tener la nueva regulación".

"Hemos acordado que las CCAA nos vamos a dirigir a los grupos parlamentarios cada una en la medida de nuestras posibilidades para intentar que se analicen los efectos de la enmienda y se busquen soluciones para equilibrar los intereses de los operadores del sector", ha afirmado.

En este sentido, Aliaga ha apostado por "establecer un proceso de diálogo y negociación" como la mejor vía para solucionar el problema y "transmitir confianza a los fabricantes de automóviles que operan en España". "Nuestra obligación es resolver el problema para dar una buena imagen y para no poner en peligro el futuro de las inversiones que hay comprometidas en España", ha recalcado.

"ACUERDO ENTRE CABALLEROS"

Aliaga también ha manifestado que, hasta que la nueva Ley de contratos de distribución entre en vigor, confía en que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) sepan mantener un "acuerdo de caballeros para no interferir en el proceso de elaboración de la ley que tiene previsto establecer una solución a largo plazo".

Según Aliaga, Sebastián tratará de explicar la situación tanto a Anfac como a Faconauto en las reuniones que tiene programadas con ambas asociaciones por separado este miércoles, con el objetivo de "buscar el diálogo que no se ha producido en la negociación de la enmienda aprobada en el Congreso la semana pasada". "Este diálogo no se ha producido entre las partes y el Ministerio y por ello Sebastián se ha comprometido ahora a establecerlo", ha asegurado.

Aun así, Aliaga ha aseverado que la intención de la cartera dirigida por Sebastián es que la Ley de contratos de distribución se apruebe "con la mayor urgencia posible" y así se ha hecho constar en un documento firmado por todas las CCAA con plantas de fabricación de automóviles, que son País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Madrid y Castilla y León, y que pueden verse afectadas si la enmienda aprobada por PNV, CIU y PP el pasado 15 de febrero entra finalmente en funcionamiento.

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