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El TC pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre sueldo de funcionarios

MADRID

El Tribunal Constitucional (TC) ha solicitado al Fiscal General del Estado que se pronuncie sobre la posible inconstitucionalidad de la bajada de los sueldos de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo de 2010, cuyo descenso osciló entre el 0,5% y el 7% de los salarios.

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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Fachada del Tribunal Constitucional (TC)

Fachada del Tribunal Constitucional (TC)

El Tribunal Constitucional (TC) ha solicitado al Fiscal General del Estado que se pronuncie sobre la posible inconstitucionalidad de la bajada de los sueldos de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo de 2010, cuyo descenso osciló entre el 0,5% y el 7% de los salarios.

En una providencia dictada por el Pleno de la Sección Primera del Constitucional, el tribunal da un plazo de diez días al Ministerio Fiscal para que presente su informe sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Así, el fiscal tendrá que estudiar si el artículo 1 del Real Decreto Ley 8/2010 por el que se aprobó la bajada de los salarios incluido en las medidas de reducción del déficit público vulnera los artículos 7, 28.1 y 37.1 de la Constitución Española (CE). También si la Disposición Adicional novena de dicho Real Decreto atenta contra el artículo 14 de la CE.

El pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional elevó al TC esta cuestión planteada por los sindicatos de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), tras dictar una providencia en la que hizo constar sus "dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit referido al recorte salarial a los funcionarios.

La Audiencia entendió que éste "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical" en relación con el derecho a la negociación colectiva.

El tribunal fundamentó estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

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