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La reforma laboral puede "rayar" la inconstitucionalidad, según un juez del Supremo

MADRID

El presidente de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha señalado que el periodo de prueba de un año del nuevo contrato indefinido que introduce la reforma "puede rayar la incostitucionalidad, ya que la Carta Magna reconoce el derecho al trabajo y a la continuidad en él, es decir, a no ser despedido sin causa justa".

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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Presidente De La Sala De Lo Social Del TS

El Presidente De La Sala De Lo Social Del TS

El presidente de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha señalado que el periodo de prueba de un año del nuevo contrato indefinido que introduce la reforma "puede rayar la incostitucionalidad, ya que la Carta Magna reconoce el derecho al trabajo y a la continuidad en él, es decir, a no ser despedido sin causa justa".

Durante su intervención en la segunda jornada de la 'XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Colegios Oficiales de Graduados Sociales', Moliner ha afirmado que la reforma laboral produce un "desequilibrio" en la relación entre el trabajador y el empresario "y devalúa el derecho del trabajo en sí mismo".

El magistrado ha explicado que la nueva legislación laboral provoca una "importante limitación de la autonomía sindical, lo que supone una devaluación del derecho del trabajo en cuanto derecho compensador de las desigualdades".

No obstante, el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha resaltado que la reforma "no puede ser descalificada sin más, ya que se produce en un momento de crisis económica brutal, y es posible que esta situación justifique una normativa de igual gravedad para contrarrestarla". Si bien, Moliner no ha asegurado que la nueva normativa "pueda contribuir de alguna manera a salir de la crisis".

Por otro lado, Moliner cree que a partir de ahora las causas de despido serán "lo suficientemente indeterminadas como para crear incertidumbre y seguridad". Según el magistrado, antes había que acreditar el motivo de despido y justificarlo, "mientras que ahora esa exigencia queda limitada a que la decisión esté relacionada con problemas genéricos de competitividad, productividad u organización, con independencia de que con ello se contribuya a mejorar la situación de la empresa".

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