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El Gobierno condena a los molinos de Gando

CON UN NUEVO DECRETO DE SERVIDUMBRE

Luengo denuncia que con esta medida se perderán 117,7 millones de euros de inversión directa para Canarias y la creación de 570 empleos fijos asociados a la operación.

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La consejera canaria de Industria, Francisca Luengo, ha denunciado hoy que el Real Decreto sobre servidumbres aeronáuticas aprobado el 26 de abril por el Consejo de Ministros "condena a los parques eólicos de Gran Canaria cercanos a Gando e impide su puesta en marcha".Por eso, la consejera ha instado al Gobierno a modificar este Real Decreto "para adaptarlo a la realidad geográfica de Canarias".

Luengo ha explicado en un comunicado que son 14 los parques eólicos afectados por las servidumbres aeroportuarias, lo que supone un total de 187,10 megavatios.

"El problema viene de la última modificación hecha por el PP del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, en el que se establecen con carácter general las normas que deben regir las Servidumbres de Aeropuertos, Ayudas a la Navegación y Operación de Aeronaves", ha referido.

Hasta ahora, había una distancia establecida de seguridad para no interferir en las dos radioayudas que utilizan los aviones para aterrizar: el DVOR y el Radar. Para el primero había una distancia de 2 kilómetros y para el segundo, otra de 5. Con la nueva modificación recientemente aprobada, se pasa de 2 a 10 y de 5 a 30, unas distancias con las que en Gran Canaria "es inviable desarrollar los parques porque se salen de la zona de influencia de viento", agrega Luengo.

La consejera ha recordado que desde el año pasado, "Fomento puso reparos a la instalación de parques cerca de los aeropuertos", y ha subrayado que un territorio tan escaso como el de Gran Canaria, con una limitación territorial del recurso eólico, y que circunscribe su mayor potencialidad a la plataforma este insular, "no admite prácticamente ninguna alternativa de ubicación a los parques que cuentan con una alta eficiencia y con las condiciones exigidas para su implantación".

Por ello, el Gobierno canario envió al Ministerio Fomento un informe que solventaba estos inconvenientes haciendo compatible la seguridad aérea con los parques eólicos.

"Pese a que les hemos llevado la solución, aplican un Real Decreto que afecta a toda España por igual, sin tener en cuenta que nuestras distancias no son las de la Península", asevera la consejera, quien ha solicitado la mediación del ministro de Industria, José Manuel Soria, "para que haga valer la solución" aportada por Canarias "y que haga entender" al Gobierno "la realidad geográfica de las Islas".

Luengo ha destacado que el impacto de la no ejecución de estos parques por las afecciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas establecidas en el Aeropuerto de Gran Canaria por el DVOR representa un extracoste anual para el Sistema Insular Eléctrico de Gran Canaria de unos 23 millones de euros anuales, que se financian a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Además, supondría pérdidas de inversión directa en Canarias por valor de 117,7 millones de euros y la no creación de 570 empleos fijos directos asociados a la operación y mantenimiento de los nuevos parque eólicos, sin contar los 1.400 empleos generados durante la construcción de los mismos.

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