La supresión del sistema de concursos divide a los empresarios eólicos
El decreto que prepara la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias para modificar el sistema de adjudicación de potencia eólica en el Archipiélago no convence a todos los empresarios del sector. Rafael Martell, presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), recela de la supresión del modelo de concurso público y de la adjudicación directa a aquellas empresas que cumplan con los requisitos territoriales y medioambientales.
“Desgraciadamente en Canarias se ha demostrado al menos en dos ocasiones que el sistema de concurrencia no ha funcionado, pero la adjudicación a dedo es como la caverna de Platón, uno no puede abstraerse de sus propios sentimientos”, señala Martell en referencia a la discrecionalidad en la que podría incurrir el adjudicador con este modelo.
Para el presidente de Aeolican, antes que idear nuevos métodos, el Gobierno de Canarias debería preguntarse qué ha fallado en los concursos. “A priori es la manera más democrática de hacer las cosas. Cuando se presupuesta una obra pública, se hace por concurso. En el caso de la eólica, en Canarias no ha funcionado, no se han hecho las cosas bien y hemos perdido muchos años porque los criterios no eran ecuánimes”, ha afirmado.
Martell reconoce que la solución al bloqueo de la energía eólica en las Islas -con una penetración de apenas el 5%- es complicada y sostiene que tampoco debe pasar por un sistema de subastas, que beneficia “al que tiene el brazo financiero más fuerte”. “Hay que instalar la potencia adjudicada. ¿Cómo se hace? Cumpliendo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el concurso de 2007 y obligando a los adjudicatarios a que instalen pronto y pongan los molinos a girar”, apunta el empresario.
Por su parte, Claudio Palmés, de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico en Canarias, valora de forma positiva el anuncio realizado este jueves por la consejera de Industria, Francisca Luengo. “El Gobierno quiere evitar que el concurso de 2007 se empantane en los juzgados, quiere liberalizar el sector y quitar trabas administrativas y legales. Es una buena noticia”, sentencia Palmés, quien, no obstante, se muestra prudente y expectante por ver cómo se implementa y se aplica el decreto.
El promotor cree que el concurso eólico de 2007, en el que se adjudicaron 39 parques eólicos que cuentan con una inversión de casi mil millones de euros, se anulará para permitir que se puedan instalar aerogeneradores fuera de este procedimiento. Una opción que, en su opinión, favorecerá a los adjudicatarios del concurso, que llevan “años de ventaja” en la tramitación de las estructuras de evacuación de la energía o en las evaluaciones de impacto ambiental.
En cambio, Julián Monedero, presidente del clúster Ricam, advierte que la anulación del concurso podría generar unos derechos indemnizatorios en los adjudicatarios por daños y perjuicios. “Desde el punto de vista práctico, no podremos saber cuáles pueden ser las consecuencias hasta que no salga pubñicado el decreto en el Boletín Oficial de Canarias, hasta saber cuál es el articulado exacto. Pero si se anula el concurso eólico, incluso pagando las indemnizaciones, igual es hasta más sensato”, zanja.
Reivindicación del clúster Ricam
La propuesta de Industria recoge una de las reivindicaciones históricas de Ricam. “Siempre que hay concursos hay retrasos, lo único que producen son problemas legales”, sentencia Monedero. Este empresario precisa que el sistema planteado por el Gobierno de Canarias no es una adjudicación a dedo, sino que permite materializar proyectos “técnicamente posibles”. En este sentido, recuerda que en el caso de la energía fotovoltaica ya funciona este modelo y que los proyectos se instalan donde las ordenanzas lo permiten, siempre que tengan todos los permisos asociados y que sean rentables.
Según Monedero, el clúster siempre ha defendido que “era más lógico” desarrollar la energía eólica en el Archipiélago con el sistema de la fotovoltaica y el que se aplica en otras regiones donde “no ha habido problema ninguno”. “Lo que ha hecho ahora la Consejería es lo que debió hacer en un inicio, permitir los proyectos que tengan una motivación económica, técnica (de conexión a la red) y ecológica”, asevera.
“Es positivo que el Gobierno de Canarias se haya convencido de que el sistema de concursos está abocado al fracaso. La idea de un segundo concurso eólico (el último ejecutado es de 1996) nos pone los pelos de punta”, expone Monedero. A modo de ejemplo, explica que el concurso de 2007 primaba una tecnología para los molinos que en la actualidad obligaría a los promotores a instalar máquinas de 2006, obsoletas. “No tendría sentido”, dice.
El obstáculo de las subestaciones
En lo que sí coinciden los representantes de las tres asociaciones es en que aún quedan muchos obstáculos por sortear. Según Claudio Palmés, en el caso del Gobierno de Canarias las trabas proceden principalmente del área de Medio Ambiente, en especial debido a las zonas de servidumbre. “Somos un territorio limitado en espacio y también tenemos muchas limitaciones de protección medioambiental”, apostilla Rafael Martell.
Por otra parte, el Ministerio de Industria y Energía aún no ha publicado la orden que fija la retribución a la producción de energía renovable y su titular, José Manuel Soria, sigue sin llevar al Consejo de Ministros, a pesar de la promesa que hizo hace un año, la planificación de la red de transporte, que permitiría construir las subestaciones a las que los parques eólicos deben enchufarse para verter la energía. “Las subestaciones seguirán siendo el cuello de botella”, aclara Martell, quien considera que la central hidroeléctrica de Chira-Soria no será necesaria hasta que no se instale toda la potencia adjudicada. “Es como hablar de ponerse un broche al ir de boda cuando todavía no se tiene ni el traje”, concluye el presidente de Aeolican.
