El tabú del copago
Primero fue Ramón Valcárcel (PP), presidente de la Región de Murcia; luego Álvaro Pombo, candidato de UPyD al Senado, y, por último, Paulino Rivero (CC), presidente del Gobierno de Canarias. Tres declaraciones públicas con defensas más o menos veladas al sistema de copago sanitario y tres respuestas instantáneas en forma de justificación, reproche o rectificación de sus respectivos partidos tras la alarma social suscitada. A Valcárcel le sucedió en marzo, a Pombo y a Rivero esta misma semana, en plena campaña electoral.
Según el último barómetro del CIS, la sanidad es la cuarta preocupación de los españoles junto a la inmigración. En los programas electorales, como cabía esperar, no hay manifestaciones explícitas que propugnen la implantación del copago para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público. Los partidos son conscientes del coste electoral que acarrea esta medida, que implica que los ciudadanos tengan que pagar parte de los servicios esenciales.
El único partido que deja abierta la puerta al copago en su programa es UPyD. El partido de Rosa Díez aboga por evitar su aplicación “indiscriminada” porque es “ineficaz e injusta” salvo para “situaciones concretas”. La formación quiere evitar el elevado consumo de medicamentos de los pensionistas -a los que Pombo tildó de ''pildoreros''- y la “hiperprescripción”.
El PSOE pone de manifiesto su rechazo al copago y a cualquier recorte en materia sanitaria, aunque apuesta por controlar el gasto. Para ello, propone que las Comunidades Autónomas paguen hasta el final de la legislatura 3.000 millones de euros de la deuda sanitaria que mantienen con los proveedores con fondos procedentes de “la mejora del sistema de financiación”, para lo que promoverá líneas de crédito ICO “favorables”. Además, plantea un incremento en los impuestos de tabaco y alcohol para financiar servicios sanitarios. Eso sí, la cerveza, el vino y bebidas de baja graduación quedan exentas de esta subida.
El apartado que dedica el PP a la Sanidad en su programa electoral no hace referencia alguna al copago, ni a los recortes ni al sistema de financiación. Los conservadores elaboran un discurso poco específico basado en la necesidad de la “eficiencia” y la “calidad” del servicio, la “racionalización” de los procesos logísticos y de compras y de reformas en el modelo organizativo.
CC-NC, por su parte, reclama una financiación “adecuada” a la realidad poblacional de Canarias, incidiendo en que el incremento demográfico de las Islas “nunca fue financiado”. Además, propone incrementar el porcentaje del PIB destinado a Sanidad hasta igualarlo con el de países punteros de la Unión Europea. En la misma línea, IUC plantea que esta subida sea de un punto porcentual.
Las coaliciones de izquierda en las dos provincias (Izquierda Verde Canaria y CanariasVerde y Roja) apuntan a los conciertos con empresas sanitarias privadas, propugnando su reducción progresiva hasta la eliminación.
En materia de pensiones, tanto el PSOE como el PP prometen “mantener el poder adquisitivo” de los jubilados. De llegar al Gobierno, los conservadores elaborarán un informe cada dos años para evaluar la evolución financiera de las pensiones, permitirán compatibilizar el cobro parcial de la pensión con la continuidad efectiva en el puesto de trabajo y reconocerán el “derecho subjetivo” a la jubilación. Los populares también cambiarán la ley del aborto si llegan a la Moncloa para “reforzar la protección de la vida”.
