Israel alega defensa propia en el asalto a la flotilla
Las primeras conclusiones de la comisión de investigación creada por el Gobierno israelí certifican la legalidad desde el punto de vista del Derecho Internacional del asalto militar israelí contra la Flotilla de la Libertad, abordada el pasado mes de mayo en aguas internacionales cuando pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En el asalto murieron nueve activistas propalestinos turcos.
La comisión, formada por dos expertos legales israelíes, un militar también israelí y dos observadores internacionales sin derecho a voto, sostiene que los soldados abrieron fuego en defensa propia, sólo cuando sus vidas corrían peligro, con lo que avalan la versión sostenida hasta ahora por el Gobierno israelí.
“Las medidas adoptadas por Israel el 31 de mayo de 2010 para hacer cumplir el bloqueo naval tuvieron como consecuencia la lamentable pérdida de vidas humanas”, señala el informe, cuya primera parte ha sido publicada este domingo. “Sin embargo, (...) las acciones adoptadas son legales conforme a las normas del Derecho Internacional”, concluye la primera parte del informe final de la comisión (http://ow.ly/3ICpi).
La comisión considera que los activistas “se opusieron con violencia al abordaje israelí” y que el uso de la fuerza contra estos civiles se justifica por los principios de “necesidad” y de “uso proporcionado de la fuerza”. Los activistas de la ONG turca Insani Yardim Vakfi (IHH), organizadora de la Flotilla, “perdieron la protección que otorga su estatus de civiles al participar directamente en las hostilidades”, sostiene.
En concreto, acusa a los activistas de utilizar “una amplia gama de armas tales como barras de hierro, hachas, garrotes, tirachinas, cuchillos y objetos de metal”, todas ellas “capaces de causar la muerte o heridas graves”. Además, sostiene que también emplearon armas de fuego contra las fuerzas especiales israelíes que participaron en el abordaje.
“Sólo después de que el grupo de IHH atacase grave y cruelmente a al primer soldado que se descolgó al buque (desde un helicóptero), lo que supuso una escalada de la confrontación, los soldados se vieron en la obligación de emplear un nivel de fuerza superior”, señala el informe.
Bloqueo legal
El informe cuenta con la firma de aprobación de los cinco integrantes del panel, conocido como Comisión Turkel por el nombre de su presidente, el ex juez Jacob Turkel, y justifica también la legalidad desde el punto de vista del Derecho Internacional del bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza.
“El conflicto entre Israel y la Franja de Gaza es un conflicto armado internacional”, señala el informe. “El control efectivo de Isarel sobre la Franja de Gaza concluyó con la desconexión” de agosto de 2005, continúa. Sin embargo, argumenta que Israel “impuso legalmente el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza (...) con el fin primario militar-de seguridad”.
“Israel cumple con las obligaciones humanitarias impuestas a la parte que bloquea, incluida la prohibición de hacer pasar hambre a la población civil (...) y el requisito de que el daño a la población civil no sea excesivo en relación a la ventaja militar, concreta y directa, fruto del bloqueo”, continúa.
En consecuencia, señala, el bloqueo naval de Gaza “no supone un castigo colectivo contra la población”. “El Derecho Internacional no da a individuos o grupos la libertad de ignorar la imposición de un bloqueo naval que cumpla las condiciones para su imposición y que se hace cumplir en conformidad (...) meramente porque en opinión de esos individuos o grupos suponga una violación de las obligaciones de la parte que impone el bloqueo”, argumenta.
Como resultado de la legalidad del bloqueo, el informe destaca que es asimismo legal impedir su ruptura incluso en aguas internacionales, ya que consideran que un intento de rotura se produce -y por tanto legitima su captura- cuando un barco intenta quebrar el bloqueo “resueltamente”, incluso si aún no han penetrado en las aguas afectadas por el mismo.
Una comisión ad hoc
La comisión de investigación, conocida formalmente como Comisión Pública para Examinar el Incidente Marítimo del 31 de Mayo de 2010, está formada por su presidente, el ex juez Jacob Turkel, y otros dos israelíes más, un antiguo diplomático y profesor de Derecho Internacional, Shabtai Rosen, y un general de brigada retirado del Ejército israelí, Amos Horev. El contrapeso deberían ponerlo los dos observadores internacionales, el norirlandés David Trimble y el general canadiense Ken Watkin, que, sin embargo, no tienen derecho a voto.
Turkel, nacido en Tel Aviv hace 75 años, ha sido presidente del Tribunal Supremo israelí y aún ejerce como juez en un tribunal de apelación militar. Está considerado como un jurista conservador y cuenta con muy poca experiencia en comisiones de investigación.
Junto a Turkel estaba Sabtai Rosen, de 93 años, nacido en Reino Unido, ex diplomático y actualmente profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Bar Ilan, cerca de Tel Aviv. Fue el número dos de la embajada israelí en Washington entre 1967 y 1971 y embajador ante las instituciones de la ONU en Ginebra entre 1971 y 1974. Ha sido galardonado con el Premio La Haya de Derecho Internacional (2004).
El tercer israelí es Amos Horev, de 86 años, general de división retirado y ex presidente de Haifa Technion, el principal instituto israelí de tecnología. Ocupó además la jefatura del departamento científico del Ministerio de Defensa y destaca su trabajo para fomentar la industria israelí.
Junto a estos tres israelíes con derecho a voto figuran el Nobel de la Paz David Trimble, primero en ocupar el cargo de primer ministro de Irlanda del Norte y artífice de los conocidos como Acuerdos del Viernes Santo para la formación de un gobierno de coalición entre unionistas y católicos, en el que ejerció como intermediario el estadounidense George Mitchell, actual enviado especial del presidente Barack Obama para el proceso de paz en Oriente Próximo.
El quinto miembro del comité, que tampoco ha tenido voto, ha sido el general de brigada canadiense Ken Watkin, ex presidente de la justicia militar del Ejército canadiense y ex asesor de la comisión mixta civil-militar que investigó la actuación de los paracaidistas canadienses en Somalia. Ha participado en investigaciones sobre el genocidio de Ruanda y ha ejercido de asesor para la Marina y para la misión canadiense en Bosnia-Herzegovina.
