Sri Lanka investigará los posibles abusos contra los tigres tamiles
COLOMBO, 11 (Reuters/EP)
Sri Lanka ha prometido investigar los posibles abusos cometidos por el Gobierno en la guerra contra los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE). La Comisión sobre las Lecciones Aprendidas y la Reconciliación ha celebrado el miércoles su primera reunión y se centrará en la última fase de un conflicto que se prolongó durante 25 años y que llegó a su fin en mayo de 2009, con la derrota de los rebeldes tamiles.
El presidente de la comisión, ex fiscal general C.R. De Silva, adelantó que ésta investigará cualquier prueba sobre posibles crímenes de guerra. “Si existen violaciones, tendremos que identificar y recomendar investigaciones por parte de las autoridades implicadas en la dispensa de la justicia penal”, añadió.
Los miembros del panel tienen intención de visitar este fin de semana las zonas más afectadas por el conflicto en el norte del país con el fin de entrevistarse con tamiles damnificados. Además se prevé la declaración del hermano del presidente, el ministro de Defensa Gotabaya Rajapaksa, a finales del presente mes.
Los expertos han criticado las investigaciones emprendidas previamente por las autoridades al considerar que se basan en pruebas poco sólidas.
Opositores y contrarios al Gobierno de Mahinda Rajapaksa, encargado de designar la comisión, consideran que se trata de un lavado de cara, después de que las autoridades hayan rechazado una investigación internacional sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en la contienda.
Colombo mantiene que una investigación de Naciones Unidas supondría una violación de su soberanía nacional. En este sentido, uno de los ministros del gabinete de Rajapaksa llegó a emprender en julio una huelga de hambre para reivindicar la disolución del panel nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, aunque volvió a comer cinco días después por la petición del presidente.
Por otro lado, la próxima semana entrará en vigor la suspensión de una concesión comercial de la UE por valor de 150 millones de dólares anuales, una medida de castigo por los abusos contra Derechos Humanos cometidos en la isla.
