La muerte de once diputados raptados por las FARC conmociona a Colombia
El anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la muerte de once de los doce diputados regionales colombianos que mantenía secuestrados desde 2002 conmocionó este jueves a las familias de los rehenes y a todo el país. Angustiadas, las familias de estos diputados de la Asamblea departamental del Valle del Cauca (oeste), han pedido a esa guerrilla que confirme o desmienta lo anunciado por la agencia ANNCOL, con sede en Estocolmo y que normalmente difunde los comunicados de las FARC.
La portavoz de los familiares de esos doce legisladores y esposa de uno de ellos, Juan Carlos Narváez, Fabiola Perdomo, pidió al mando del grupo rebelde que esclarezca la suerte de estos políticos, que fueron tomados cautivos el 11 de abril de 2002 en Cali, capital del departamento. “Esperamos que el secretariado (mando central) de las FARC se pronuncie en el día y nos dé claridad sobre lo que está ocurriendo”, dijo a Efe en conversación telefónica.
La portavoz agregó: “Nosotros sabemos que lo que sube esa página (la de ANNCOL) siempre ha sido cierto”, aunque “guardamos una luz de esperanza, esperamos que (las FARC) se hayan equivocado”.
Acuerdo humanitario en lugar de rescate militar
La jefatura regional de las FARC informó este jueves, en un comunicado divulgado por Internet, de que los políticos perdieron la vida en un “fuego cruzado” con “un grupo militar sin identificar”, el pasado día 18, y sólo el diputado Sigifredo López, sobrevivió, al no encontrarse con sus compañeros de cautiverio.
En Bogotá, el comandante general de las Fuerzas Militares (Fuerzas Armadas), Freddy Padilla, negó en un comunicado que se hubieran ordenado “operaciones militares de rescate”. Padilla afirmó que la “inteligencia militar no ha tenido conocimiento alguno sobre la exacta ubicación del lugar de cautiverio de los señores diputados del Valle secuestrados por las FARC; por lo tanto, no se ha ordenado adelantar operaciones militares de rescate”.
Los diputados regionales fueron integrados al grupo de 56 rehenes que las FARC pretenden canjear por más de medio millar de rebeldes presos y entre los cuales está Íngrid Betancourt, que era candidata presidencial en 2002 cuando fue secuestrada junto con Clara Rojas, aspirante a la vicepresidencia en su candidatura. La portavoz Perdomo recordó que durante el cautiverio de los diputados han recibido siete pruebas de supervivencia, la última el pasado 21 de abril, y por pidieron “al presidente (Álvaro Uribe) que desistiera del rescate militar y que hiciera el acuerdo humanitario” de intercambio de rehenes por rebeldes presos.
Por su parte, Patricia Nieto, esposa de Sigifredo López, según la guerrilla el único superviviente, declaró a la prensa que “todos” los familiares, reunidos en la casa de Perdomo, están “a la espera de un nuevo pronunciamiento de las FARC”. Para Sergio Pérez, hijo de Edinson Pérez, el anuncio ha sido “un golpe supremamente duro” y recordó que todos los familiares de los secuestrados le han “suplicado constantemente al Gobierno” que no emprendiese un rescate militar.
Pérez pidió por ello a las FARC y al Gobierno que reflexionen y que abandonen sus “posiciones tan intransigentes, para no hacer correr más riesgos” y “no se sigan produciendo estos crímenes atroces”. A su juicio, “el Gobierno debería autorizar la desmilitarización” de los municipios de Florida y Pradera, en ese departamento, medida a la que se niega en rotundo el presidente Álvaro Uribe.
Para emprender negociaciones de canje la guerrilla exige la retirada de las fuerzas de seguridad de esas dos localidades. Pérez agregó que “las FARC, ahora más que nunca, deberían hacer un gesto humanitario” tras la liberación de casi dos centenares de guerrilleros ordenada por Uribe el mes pasado, como gesto para favorecer el intercambio.
Por su parte, Yolanda Pulecio, madre de Íngrid Betancourt, en manos de la guerrilla desde febrero de 2002, lamentó en declaraciones hechas desde Bruselas, donde se encuentra con otros familiares de secuestrados, que, a su juicio, el Gobierno no atendiera sus muchas peticiones de no intentar el rescate militar. Sollozando, Pulecio reiteró: “Le hemos suplicado en numerosas ocasiones (a Uribe) que no haga operativos militares, pero no nos ha hecho caso”.
Comisión de Cruz Roja e Iglesia
Ante el anuncio de las FARC, el gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón, declaró que “de confirmarse”, pide “a las FARC que digan dónde están los cadáveres y los entreguen inmediatamente a una comisión formada por la Cruz Roja y la Iglesia Católica”. Garzón expresó su esperanza de que “la entrega de los cuerpos no se convierta en una nueva tragedia”, a la vez que “reafirmo que seguimos trabajando por un acuerdo humanitario”.
Para el ex presidente colombiano Ernesto Samper, según declaró a los medios, se hace necesario de “forma inmediata” el acuerdo humanitario, que siempre defendió, aunque la responsabilidad de lo anunciado por las FARC sea de la propia guerrilla. En Bogotá, la presidenta de la organización no gubernamental Asfamipaz, que representa a los familiares de centenares de militares y policías también secuestrados por las FARC, Marleny Orjuela, declaró: “En concepto nuestro, dudas no hay muchas al leer el comunicado” y “creemos que es cierto”.
Orjuela afirmó que son los militares los que conducen “las operaciones de rescate a sangre y fuego autorizadas por el presidente” y “si la guerrilla no ve otra opción, mata a los secuestrados”. “Los primeros responsables son las FARC”, dijo, pero al tiempo pidió de nuevo al presidente que defina “una zona de encuentro” para facilitar el intercambio humanitario.
El presidente Álvaro Uribe se encuentra reunido en un consejo extraordinario de seguridad con todos sus ministros y la cúpula de las Fuerzas Militares.
