Alvaro Cuesta (PSOE) ve prioritario mejorar la justicia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y miembro de la Ejecutiva socialista, Alvaro Cuesta, ha reconocido que el desarrollo de los consejos territoriales de Justicia en las comunidades autónomas “no es una prioridad en estos momentos” y ha antepuesto la necesidad de “resolver algunas cuestiones pendientes” para garantizar “la Justicia como servicio público”, entre las que citó un total de ocho leyes que afectan a la Justicia. En su opinión, “no hay justicias autonómicas”, sino que tiene que haber una “unidad de la Justicia” y un poder judicial “único en España”.

“Yo considero que antes que diseñar modelos de arquitectura es fundamental resolver algunas cuestiones pendientes que tiene la Justicia como servicio público en España”, ha explicado en una entrevista con Europa Press. “No defiendo dogmáticamente los consejos territoriales y desde luego no los considero una prioridad en estos momentos”, ha zanjado.

A su juicio, “antes que nada” es necesario impulsar “una nueva ley de demarcación y de planta judicial”. En este sentido, defendió, como “requisito previo”, la supresión de los actuales partidos judiciales y la creación de tribunales de instancia en el marco de una nueva Ley de Planta y Demarcación.

Además, considera necesario resolver cuestiones como el modelo de formación en el sector judicial, el acceso a la carrera judicial, el modelo de juez, un nuevo mapa de juzgados de instrucción y un nuevo proceso criminal.

MECANISMOS DE DESJUDICIALIZACION

También ha subrayado la necesidad de reformar “con consenso” la Ley de Enjuiciamiento Criminal al considerar que la actual es propia “del siglo XIX” y de dar “un impulso también a los mecanismos de desjudialización”, tras destacar que la nueva oficina judicial ofrece “posibilidades” y constatar que el Gobierno “tiene muy claro” que “no todos los conflictos deben resolverse en el ámbito de los tribunales”.

Cuesta ha destacado asimismo que “este otoño se va a debatir sobre un proyecto de ley sobre mediación”, además de la reforma de Ley de Arbitraje ya presentada por el Ejecutivo que, recordó, también ha presentado una reforma del registro civil, insistiendo en que resulta “fundamental” impulsar “la desjudialización del funcionamiento del registro civil y la posibilidad de mejorar el acceso de los ciudadanos a un registro fundamental”.

REQUISITOS PREVIOS A “PERDERSE” EN “ARQUITECTURAS” AUTONOMICAS

“Todos estos son requisitos que yo los considero previos a perdernos en un diseño de arquitecturas y de posibles consejos en el ámbito de los territorios. Con ese marco judicial, luego habría que analizar cómo se sirve mejorar a la eficiencia y al propio servicio público de la Justicia desde la descentralización y la organización territorial”, ha precisado.

Preguntado si cree que se podrán sacar adelante todos estos proyectos antes de que acabe la segunda Legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cuesta ha explicado que el borrador de reforma de la Justicia procesal “está muy avanzado” y que una comisión de expertos ha concluido un informe que “establece las bases de lo que debería ser la demarcación y planta judicial futura”, pero lamentó que “el PP se niega a arrimar el hombro” y aventuró que “teniendo en el horizonte cercano las elecciones municipales no querrá hablar de una reforma de la estructura de los partidos judiciales”.

“Si hubiera buena fe se podrían conseguir todas esas reformas estructurales de las que hablo, porque están muy avanzados los trabajos previos, en esta Legislatura, pero hay que hacerlos desde el consenso”, ha reconocido. “La Justicia en España sigue siendo una asignatura pendiente”, ha dicho, incluso pese a los “muchos esfuerzos de modernización” que se han hecho hasta ahora.

“NO HAY JUSTICIAS AUTONOMICAS”

Ha dejado claro que “no hay justicias autonómicas”, que “tiene que haber una unidad de la Justicia” y que “el poder judicial es único en España”. “Cosa distinta es que tenga que haber mecanismos de descentralización, mecanismos que se adapten también a las peculiaridades territoriales, que garanticen la flexibilidad, pensando en un funcionamiento eficiente del servicio público de la Justicia”, ha precisado.

En todo caso, antes de debatir la puesta en marcha de consejos territoriales de Justicia debe reunirse, a su juicio, la comisión mixta Estado-Generalitat para “evaluar las líneas de actuación del futuro”. “Hay que digerir con estudios serios y rigurosos el alcance y contenido de esa sentencia”, ha insistido, en alusión a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

DIGERIR CON ESTUDIOS SERIOS LA SENTENCIA DEL ESTATUT

En este sentido, ha defendido que “la sentencia es una buena sentencia” porque, al tratarse de “una sentencia interpretativa”, en su opinión, “prácticamente convalida la totalidad del Estatuto de Cataluña” y precisa que “pone objeciones a aspectos muy concretos” de la norma catalana.

“Con esa orientación interpretativa es posible desarrollar con instrumentos formales, los objetivos y aspiraciones de autogobierno que se habían diseñado en el propio Estatuto de Cataluña, bien es cierto que requieren un soporte legal. Requieren en muchos casos ley del Estado”, ha explicado. “La voluntad del PSOE es no frustrar los contenidos y los objetivos de autogobierno del Estatuto de Cataluña”, ha argumentado.

En todo caso, subrayó que “el desarrollo de la justicia y de algunos aspectos del Estatuto no son obra de una legislatura, sino que hay que dosificarlos”, algo que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “dejó claro” en su reciente visita a Barcelona.

LAS VEGUERIAS NO PUEDEN SER CIRCUNSCRIPCION EN GENERALES

Sobre la decisión del Ejecutivo catalán de proceder a la demarcación del territorio de la comunidad autónoma de Cataluña, Cuesta ha dejado claro que el cambio de nombre de provincias por veguerías “no está reñido con la Constitución”, precisando que esto es así “siempre y cuando no se altere al mapa territorial” de España dado que la Generalitat “no es competente para cambiar la estructura de provincias”.

En este sentido, quiso realizar algunas precisiones que, en su opinión, es necesario tener en cuenta. Así, en primer lugar, señaló que “las provincias, como agrupación de municipios, deben seguir existiendo, salvo que se reforme la Constitución”. En segundo lugar, recuerda que “la modificación del ámbito territorial de la provincia es competencia de las Cortes Generales a través de Ley Orgánica”.

En tercer lugar, expone que el Estado “no puede suprimir la provincia como circunscripción electoral para las elecciones generales al Congreso y al Senado”. En cuarto lugar, afirma que “Cataluña, por Ley Electoral propia, sí puede establecer las circunscripciones para las elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña”. En en este sentido, precisa que “Cataluña puede crear veguerías pero eso no implica la desaparición de la provincia”.

Además, recuerda que la Constitución dice que “la provincia es la agrupación de municipios y podrá estar gobernada por las diputaciones u otras entidades” y explica que “las veguerías (como agrupación de ayuntamientos) podrían asumir, el marco constitucional, la competencia de la provincia, sin modificación de los límites territoriales”.