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Castells llega a la Ciudad de la Justicia para declarar

BARCELONA

El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, llegó sobre las 9.55 horas de hoy a la Ciudad de la Justicia para declarar como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona por la querella del hotel del Palau, después de que la juez encarcelara el jueves a Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull por esta causa.

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BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Castells llega a la Ciudad de la Justicia para declarar

Castells llega a la Ciudad de la Justicia para declarar

El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, llegó sobre las 9.55 horas de hoy a la Ciudad de la Justicia para declarar como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona por la querella del hotel del Palau, después de que la juez encarcelara el jueves a Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull por esta causa.

Bajo una gran expectación mediática, Castells llegó acompañado del secretario general de la Consejería, Martí Carnicer, y, fuentes del departamento aseguraron que el consejero está "sereno, tranquilo y con ganas de explicarse".

La juez aceptó a trámite el 10 de junio la querella del fiscal de Urbanismo contra los ex dirigentes del Palau por presuntos delitos continuados de tráfico de influencias y apropiación indebida en relación con la operación urbanística para construir el hotel del Palau, y citó a declarar como testigo al consejero y a varios cargos del Ayuntamiento de Barcelona.

El pasado jueves, tras la declaración de Millet y Montull, la juez dictó un auto --que llevó a la cárcel de Brians 2 a los imputados-- en el que no se hacía referencia alguna al consejero, aunque sí a los convenios.

Con todo, la aparición en el escrito fiscal de Castells ha llevado a la juez a pedir la testificación del consejero para que aclare los trámites y convenios en los que aparece su firma, que posibilitaban el proyecto.

También declarará hoy la directora general de Patrimonio de la conselleria de Economia de la Generalitat, Immaculada Turu, que ya compareció ante la comisión parlamentaria que investiga la posible deriva política del 'caso Millet'. En ella, insistió que nunca se puso en riesgo el valor patrimonial de la Generalitat, y defendió la legalidad y la correcta tramitación de la operación, así como del convenio.

Según el escrito del fiscal, Millet y Montull hicieron valer "de manera especial e intensa, la posición que sus cargos les otorgaban", así como su posición dentro de la sociedad civil y política catalana, para llegar a los altos responsables del Gobierno y conseguir modificar el Plan General Metropolitano que permitiera la permuta de la calificación entre los terrenos necesaria para construir el hotel.

Según la querella, contactaron con Antoni Castells que, en marzo de 2006 firmó un convenio administrativo entre la Consejería y la Fundación, en el que se aceptaba una permuta de calificaciones a través de la que los terrenos anexos al Palau adquirían la condición de uso residencial, mientras que una finca propiedad de la Generalitat situada en las calles Ciutat-Ferran pasaba a calificación de equipamiento.

En dicho convenio se establecía que la Generalitat debería ser compensada, además, por la pérdida de valor que sufriría su patrimonio a causa de la futura modificación.

Según la Fiscalía, antes de la firma del convenio no se realizó el informe jurídico previo y preceptivo por la Asesoría Jurídica de la Consejería para valorar la utilidad de la operación de transferencia de calificaciones. Tampoco consta que se realizara algún informe técnico de la Consejería en el que se hiciera referencia a la valoración de la posible pérdida patrimonial que implicaba la permuta.

Además, dejaba a cargo de la entidad el establecer la cuantificación de la compensación que recibiría la Generalitat por la permuta.

El convenio no era suficiente para conseguir el objetivo de Millet y Montull y así "obtener el beneficio económico que buscaban los querellantes". Por eso según el fiscal, Millet y Montull buscaron entonces un convenio a tres bandas, firmado en octubre de 2006 entre el consejero Castells, el entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas, y Millet para modificar el Plan General Metropolitano y así hacer efectiva la recalificación.

Tras la presentación de la querella, Castells aseguró que el convenio entre el Palau de la Música y su conselleria se hizo "con todas las garantías y por descontado, sin ningún trato de favor hacia nadie".

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