La reforma del Código Penal establece ''medidas sumamente útiles'' para acabar con ''el mal'' de la corrupción
El ministro de Justicia del Gobierno de España, Francisco Caamaño, aseguró este sábado que el gabinete estatal remitirá en “breves fechas” al Congreso de los Diputados la reforma del Código Penal que prevé un cuadro de “medidas punitivas” en materia de corrupción, que están en línea con las Decisiones marco aprobadas por la Unión Europea y constituyen un instrumento “sumamente útil para atajar este mal”.
Estas declaraciones del titular de Justicia tuvieron lugar en la capital grancanaria tras suscribir con el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, un convenio de colaboración para la creación de la Comisión Mixta entre el Gobierno de Canarias y los Secretarios Judiciales en materia de medios materiales y humanos al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma.
Caamaño subrayó que existen muchos tipos de delitos, “todos reprobables porque suponen la vulneración y la quiebra de la ley que nos hemos dado”, pero acentuó que el delito de corrupción sea de personas públicas o entre particulares “debe ser especialmente perseguido, no sólo por quebrantar la ley sino también los cimientos de la democracia”.
Pirata de Somalia
En el caso del pirata somalí, Abdu Willy, detenido por el secuestro del pesquero vasco Alakrana, en el que la Justicia no tiene certeza de que sea mayor o menor de edad, el ministro de Justicia señaló que el Gobierno de España “ha hecho lo que tenía que hacer” porque se produce un delito contra ciudadanos españoles.
“Los jueces han pedido informes periciales para determinar la edad de esta persona y han recibido pericias en sentido distinto, los forenses tampoco son infalibles”, expresó Caamaño, que descargó de responsabilidad a los jueces al señalar que “no son especialistas forenses y han cumplido por pedir a quienes saben”.
“Ahora se decidirá por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la competente en estas causas la indicación específica”, expuso, al tiempo que consideró que el asunto podría haber “despistado a la opinión pública por el vaivén de jurisdicción, aunque subrayó que la persona de origen somalí nunca ha estado en libertad.
