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Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal

Dignidad y Justicia pide hasta 14 años para siete directivos del 'Egunkaria'

La asociación Dignidad y Justicia pedirá penas de entre 12 y 14 años de prisión para los siete directivos del diario Egunkaria, clausurado en febrero de 2003, que serán finalmente juzgados en la Audiencia Nacional a pesar de que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de esta causa el pasado diciembre.

En su escrito de calificación, la asociación acusa a los siete procesados de integración en orgnización terrorista y pide 12 años de cárcel para dos de ellos -Marcelo Otamedi (último director del periódico) y Juan María Torrealdai- y 14 para los otros cinco: Juan María Auzmendi, Pedro Zubiria, Ignacio Uria, Javier Oleaga y Xabier Alegría. Este último fue juzgado en el llamado macrojuicio de ETA (sumario 18/98) y está pendiente de conocer la sentencia. El fiscal pidió además recientemente para él 15 años de prisión por formar parte de Udalbiltza-Kursaal (Asamblea de Electos de Batasuna).

Dignidad y Justicia sostiene en su escrito que Egunkaria y su empresa editora Euskaldunon Egunkaria “se constituye en una organización, en este caso con apariencia legal, controlada, dirigida y financiada por ETA” y es “utilizada como un instrumento más para la consecución de su objetivo”: la “creación de un Estado vasco, socialista, reunificado y euskaldun”. Según esta asociación, las intervenciones de ETA en Egunkaria “no se han producido de una manera continua y detallada en el funcionamiento diario de la empresa y el diario, puesto que esta forma de dirección sería (...) imposible de ejercerse por una ”organización clandestina“, sino que ”la misma ha sido ejercida en aquellos momentos (...) susceptibles de provocar una pérdida de control del diario“.

El pasado 7 de mayo, la sección primera de la Sala de lo Penal atendió las peticiones de las acusaciones populares, Dignidad y Justicia y Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), y acordó llevar a juicio a los responsables de Egunkaria en contra del criterio del fiscal, que no apreció indicios suficientes para vincular al diario vasco con el entorno de ETA. Tras confirmar su decisión el 12 de junio, al no admitir a trámite el recurso de súplica presentado por los procesados, que argumentaban que no procedía la apertura de juicio al no haber sido solicitada por la Fiscalía, la Sala dio traslado de la causa a las acusaciones y a las defensas para su calificación.

Una vez que reciba todos los escritos de calificación, el tribunal señalará la fecha del juicio.

Artefactos caseros

En concreto, la Ertzaintza le acusa de participar en la colocación de un artefacto explosivo casero, de los denominados “mixtos”, en un cajero de una entidad bancaria de Llodio el pasado mes de febrero, artefacto que no llegó a explotar al ser desactivado por artificieros de la Policía autonómica. Además se investiga su implicación en otros actos similares de kale borroka en Álava durante los últimos meses.

El arrestado, que posee un amplio historial delictivo por desórdenes públicos, permanece en régimen de detención comunicada en dependencias de la Ertzaintza y será puesto a disposición de la Audiencia Nacional una vez culminadas las diligencias correspondientes. La Ertzaintza practicó durante la mañana un registro en su domicilio, en la calle Zubiko-Kurajo, de donde sacó tres cajas y una bolsa con documentos y pertenencias del detenido.

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