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Matas declara hoy como imputado por el caso Palma Arena

PALMA DE MALLORCA

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, interrogará este martes en calidad de imputado, a partir de las 10.30 horas, al ex presidente del Gobierno balear del PP Jaume Matas, quien será inquirido a petición de su defensa en el marco de una de las piezas separadas del caso Palma Arena sobre la adjudicación presuntamente irregular del anteproyecto para la construcción de un Palacio de la à pera en Palma al arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

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PALMA DE MALLORCA, 22 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, interrogará este martes en calidad de imputado, a partir de las 10.30 horas, al ex presidente del Gobierno balear del PP Jaume Matas, quien será inquirido a petición de su defensa en el marco de una de las piezas separadas del caso Palma Arena sobre la adjudicación presuntamente irregular del anteproyecto para la construcción de un Palacio de la Ópera en Palma al arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

De este modo, ésta será la segunda ocasión que el ex ministro bajo la presidencia de José María Aznar aterrizará en la capital balear para prestar declaración dentro de esta compleja causa, por la que se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros, y cuyas investigaciones se centran en el presunto desvío de más de 50 millones de euros producido durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su conexión con el posible enriquecimiento ilícito de Matas y una supuesta financiación irregular del PP.

Junto al ex jefe del Ejecutivo balear también está citada a declarar una hora antes, también como encausada, una asesora jurídica del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), organismo dependiente de la Consejería de Educación y Cultura a través del cual con Francesc Fiol como consejero fue formalizado el contrato de Calatrava, quien también ha dispuesto como imputado en el marco de esta misma pieza.

Durante la comparecencia, solicitada a través de sus letrados Rafael y Salvador Perera, el ex titular del Ministerio de Medio Ambiente deberá defenderse de los hechos que le imputan Fiscalía y acusación particular dentro de la pieza separada número 3 de las 25 que componen el caso, al atribuirle utilizar el proyecto de la ópera únicamente para sacar rédito político y provecho electoral por adjudicarse meses antes de los comicios autonómicos y municipales de 2007 a los que concurría de nuevo como candidato a la presidencia del Gobierno balear.

Según el Ministerio Público y la acusación particular, representada por la abogada de la Comunidad Autónoma María Ángeles Berrocal, el principal imputado del caso Palma Arena habría incurrido por estos hechos en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. Es por todo ello que las acusaciones han solicitado contra él una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros, sobre la cual el magistrado aún no se ha pronunciado.

Frente a estas acusaciones, la defensa del ex líder de los 'populares' negó, en el escrito de alegaciones que presentó para rebatir los argumentos de las acusaciones, que su patrocinado cometiese delito alguno en la adjudicación del anteproyecto, y tachó así de "infundios" las imputaciones que pesan sobre él. Así las cosas, sus abogados consideran la petición de fianza "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.

Además, sus asistentes legales recalcan que la decisión de adjudicar el anteproyecto del Palacio de la Ópera a Calatrava fue "política plenamente legítima", por lo que niegan que fuese un "montaje" y que se cometiese cualquier tipo de irregularidad. Es más, defienden la selección y contratación sin ningún concurso previo del arquitecto para este proyecto, dado que, a su juicio, era la persona "más cualificada del mundo técnica y artísticamente para que cogiera las riendas del asunto".

FINALIDADES PARTIDISTAS DEL PROYECTO

Al hilo de lo anterior, la defensa califica de "rotundamente falsa" la afirmación contenida en el escrito del fiscal y de la letrada del Gobierno balear en la que se dice que Matas promovió el proyecto y la intervención de Calatrava con la única y exclusiva finalidad de favorecer intereses propios como candidato a la presidencia del Gobierno balear y los del partido político al que representaba, "a modo de golpe de efecto durante la campaña electoral".

Finalmente, los letrados precisan que la contratación quedó encauzada a través del entonces consejero Francesc Fiol "no porque Matas quisiera ocultar su iniciativa y participación en el tema, como se dice erróneamente por parte de las acusaciones, sino porque las actividades ejecutivas propias del Gobierno balear se desenvuelven a través de los distintos consejeros".

Precisamente, para Fiol, actual portavoz adjunto del PP en el Parlamento balear, la Fiscalía ha pospuesto su petición de fianza de 1,6 millones de euros a la espera de presentar un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para pedir la misma cantidad contra el encausado, al tener la condición de aforado. Se da la circunstancia de que Matas ha pedido a Castro que se inhiba de esta pieza para que su instrucción pueda ser asumida por la máxima instancia judicial de las islas.

Por su parte, en su declaración ante el juez, el propio Calatrava aseguró que fue el ex presidente quien le propuso encargarse del anteproyecto del teatro de la Ópera, y que se lo transmitió en un desayuno en Roma, donde solicitó sus servicios para realizar el desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell donde se pretendía ubicar el edificio.

Cabe recordar que el pasado año Matas ya declaró a lo largo de tres días en torno a la causa, en el marco de la cual pesan sobre él los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

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