PP forzará una votación exigiendo responsabilidades políticas a Camacho y Rubalcaba
También busca que la Cámara emplace al Gobierno a respetar “la independencia judicial”
ARANJUEZ (MADRID), 22 (EUROPA PRESS)
El PP forzará una votación en el primer Pleno que celebre el Congreso el próximo mes de septiembre en la que exigirá que el candidato socialista a las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ministro del Interior, Antonio Camacho, asuman responsabilidades políticas por el denominado 'caso Faisán'.
Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, este viernes en Aranjuez (Madrid) antes de pronunciar una conferencia en el marco de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos.
La diputada del PP ha vuelto a poner como ejemplo al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que con su renuncia por la 'causa de los trajes', ha tomado una decisión “con valentía y con responsabilidad” para “con toda libertad hacerse cargo de su situación”.
A su juicio, el ex ministro del Interior y el actual titular de esta cartera deberían “actuar” en consecuencia en el caso del presunto chivatazo a ETA que investiga la Audiencia Nacional. “No es propio de un responsable político y menos de un ministro del Interior que no dé la cara y se esconda detrás de la Policía, que merece el respeto y el respaldo de sus superiores”, ha recalcado.
ES “COBARDE” QUE NO DEN “LA CARA”
Para Sáenz de Santamaría, cuando una persona es responsable político de un Ministerio “tiene que asumir lo que en su Ministerio pasa”. Además, no considera creíble que Rubalcaba no supiera lo que pasaba en su Departamento.
Por su parte, ha asegurado que el Partido Popular va a “defender” a la Policía Nacional, que tiene “todo el respaldo”, porque cree que son “los responsables políticos del Ministerio los que tienen que asumir sus responsabilidades”. “Me parece muy cobarde que los titulares del Ministerio no den la cara por su gestión política y se escuden en que la culpabilidad puede ser de otros que eran sus subordinados”, ha insistido.
La moción registrada por el PP es consecuencia de la interpelación que su portavoz en la Comisión de Interior, dirigió a Camacho el pasado miércoles en el Pleno de Control y no podrá debatirse hasta la primera sesión plenaria del próximo periodo de sesiones, prevista para el día 13 de septiembre.
DUDAS PERMANENTES
Los 'populares' someterán a votación un texto que en la práctica es una reprobación a la actuación de Camacho y Rubalcaba. Su intención es que la Cámara declare “indispensable y urgente la asunción de responsabilidades políticas por parte de los superiores jerárquicos del que fuera director general de la Policía en el momento del chivatazo a la banda terrorista ETA en el bar Faisán de Irún, tras su procesamiento por un posible delito de colaboración con organización terrorista”.
En la exposición de motivos, el PP señala la existencia de una “duda permanente sobre el estricto cumplimiento de la legalidad por parte de los responsables políticos del Ministerio del Interior”, lo que, desde su punto de vista, “exige ineludiblemente la asunción de responsabilidades políticas” por parte de quienes han sido los “inmediatos superiores en el Gobierno” de los procesados por el supuesto soplo.
CENSURA A LAS PALABRAS DE JÁUREGUI
El PP también busca que el Congreso sancione al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, por, según recalcan, tildar de “disparato” el auto del juez Pablo Cruz. Para el primer partido de la oposición estas declaraciones con “son una muestra más de la necesidad de que el Parlamento siga exigiendo al actual Gobierno un mayor respeto al principio de división de poderes”. Por eso han incluido un punto en la moción en el que exigen a los miembros del Gobierno que respeten “la independencia del Poder Judicial”.
En la moción también se exige a los miembros del Ejecutivo respeto a las resoluciones judiciales, en línea con una propuesta de resolución aprobada en el último debate del Estado de la Nación, así como proceder al cumplimiento urgente de las sentencias de los tribunales de justicia que anulan los nombramientos de puestos de libre designación en el Ministerio del Interior.
Asimismo, entre otras cuestiones, se insta al Ejecutivo a atender, en tiempo y forma, las solicitudes de información presentadas por los Grupos parlamentarios, así como a sus miembros a comparecer en el Congreso cuando sean requeridos para ello, y no como ocurre en la actualidad, “dado que algunos acumulan múltiples peticiones sin atender”.
