PSOE quiere primar la dedicación “absoluta” de los diputados al Congreso

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE quiere restringir el régimen de compatibilidades de los diputados para primar su dedicación “absoluta” al Congreso, que se dé publicidad a su patrimonio con un formato mucho más amplio y detallado del que se exige a los miembros del Gobierno y que se revisen las indemnizaciones a las que tienen derecho cuando dejan el escaño de manera que sólo puedan recibirlas si se quedan en el paro.

Estas son las líneas generales de la propuesta que el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, ha trasladado al presidente de la Cámara Baja, José Bono, quien hace dos semanas pidió a todos los partidos que le hicieran llegar su opinión sobre la eventual revisión del sistema de protección social de sus señorías y la publicación de sus bienes.

El propio Alonso fue el encargado de exponer sus ideas en una rueda de prensa que arrancó reivindicando la “nobleza” de la actividad política y rechazando cualquier intento de “demonizar” la vida pública, “indispensable” para el funcionamiento de la democracia.

El PSOE es partidario de que se obligue a los diputados a dar a conocer su patrimonio, igual que ocurre desde el año pasado con las actividades que realizan fuera del Congreso, pero defiende que sus señorías den muchos más datos de los que ofrecen los miembros del Gobierno.

CÓNYUGES E HIJOS INCLUIDOS

Así, reclaman que se haga pública su renta y los ingresos que obtengan por cualquier concepto, ya sea a través de su participación en sociedades mercantiles o en personas jurídicas, y que también den a conocer el patrimonio de su unidad familiar, lo que afectaría “básicamente” a sus cónyuges y a los ascendientes o descendientes que tengan a su cargo, salvaguardando datos que puedan perjudicar a su seguridad.

Esta propuesta supera a la norma que rige para los miembros del Ejecutivo, que no tienen que dar cuenta del patrimonio de sus familiares ni detallar, por ejemplo, si tienen acciones. Preguntado sobre si el PSOE promoverá una reforma para que los altos cargos también tengan que dar a conocer esa información, Alonso se la limitado a señalar que su propuesta se refiere sólo a los parlamentarios y que el Gobierno ya “tiene un buen régimen de transparencia”.

Toda esa información debería publicarse en un único documento junto con las actividades extraparlamentarias, y estar a disposición de todos los ciudadanos a través de la página web del Congreso y del Boletín Oficial de las Cortes. Además, sus señorías deberían informar periódicamente sobre sus bienes, sobre todo cuando se produzcan “alteraciones sustanciales” en su patrimonio.

“Creo que nadie puede decir que no a esta propuesta”, ha comentado Alonso, quien ha urgido al PP a “retratarse” sobre la misma. De momento, los 'populares' sólo ha planteado que se aplique a los diputados lo mismo que al Gobierno en esta materia. Asimismo, el portavoz socialista ha subrayado que el PP “no inventa nada” cuando aboga por buscar fórmulas que permitan participar en las votaciones a las diputadas que están de baja por maternidad porque el Congreso ya tiene aprobada una iniciativa del PSOE en este sentido.

NO A LAS COMATIBILIDADES “INDISCRIMINADAS”

Respecto a las incompatibilidades, los socialistas recuerdan que las leyes exigen “dedicación absoluta” al escaño y, por eso, solicitan que el régimen vigente se aplique de forma “más estricta y exigente” y no se den compatibilidades de forma “indiscriminada”. Así, quieren que a la hora de decidir si se autoriza o no otra actividad se tenga en cuenta qué rentas recibirán los diputados por ella y cuánto tiempo le quitarán de su labor parlamentaria.

Asumiendo que la casuística puede ser amplísima y que habrá de determinarse si así lo pactan los grupos, Alonso definió su postura con un ejemplo: No conceder la incompatibilidad a un diputado que dedique ocho horas al día a trabajar en una entidad cobrando 200.000 euros al año, pero sí a quien colabore “dos tardes” en una asociación de Derechos Humanos cobrando entre 200 y 300 euros al mes.

Alonso parte de la base de que los parlamentarios no van a mentir en sus declaraciones de bienes o actividades, pero no se ha cerrado a hablar sobre la posibilidad de fijar un régimen de sanciones, como el que han propuesto ERC, IU e ICV, haciéndose eco de las quejas que en ocasiones se han realizado desde la Comisión del Estatuto del Diputados acerca de que no hay mecanismos para verificar la información que ofrecen sus señorías.

QUE EL ESCAÑO NO PERJUDIQUE PARA PARO O PENSIÓN

Asimismo, el PSOE sugiere eliminar el complemento de pensión al que tienen derecho los parlamentarios que cumplen determinadas condiciones sin que esta supresión afecte a quienes ya se benefician de ellos. En paralelo, pide que tener un escaño no perjudique a afectos del cobro del paro o de la jubilación a quienes dejan la actividad privada para dedicarse a la pública, es decir, que si alguien tiene ciertos años cotizados antes de acceder al escaño la Cámara cubra el lapso de tiempo que va a dejar de cotizar en el régimen general.

El PSOE también apuesta por introducir cambios en las indemnizaciones por cese que las Cámaras ofrecen a los ex parlamentarios. Actualmente, los que cesan por disolución de las Cámaras tienen derecho a una “indemnización de transición” que se abona en un pago único y en la cuantía en que determinan las Mesas de Congreso y Senado.

Por otra parte, los parlamentarios que hayan estado al menos dos años en su escaño, pueden solicitar una indemnización por cese que se paga mensualmente. La cuantía es de un mes por cada año de mandato parlamentario y no puede cobrarse durante más de dos años.

Alonso ha planteado que las indemnizaciones por cese no se den a todo el que las pida, sino sólo a los que tras su paso por las Cortes no puedan reinsertarse en la vida laboral y, aun en estos casos, que se les quite cuando encuentren un trabajo. La propuesta del PSOE es que se paguen mes a mes, durante un máximo de dos años, y con una cuantía de dos meses por cada año en el escaño.

El portavoz socialista ha especificado que los dos meses que plantean para el cálculo de esa prestación será cada uno de 30 días y ha señalado que no cree que se pueda acusar a los parlamentarios de tener “privilegios” porque no se les aplique en estos casos los 20 días por año que la reforma laboral fija para las empresas con dificultades económicas.