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El juez Ruz ordena nuevas diligencias en el caso 'Faisán'

MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado seis nuevas diligencias con las que reactiva la causa en la que investiga el supuesto chivatazo policial a ETA que se habría producido en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006, entre las que se encuentra preguntar a los responsables de la investigación por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento.

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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Puerta de la Audiencia Nacional

Puerta de la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado seis nuevas diligencias con las que reactiva la causa en la que investiga el supuesto chivatazo policial a ETA que se habría producido en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006, entre las que se encuentra preguntar a los responsables de la investigación por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento.

Así consta en un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que el magistrado no se pronuncia sobre la petición de archivo solicitada por la Fiscalía octubre de 2009, y transforma en sumario las diligencias previas que tenía abiertas contra los tres cargos policiales que están imputados en la causa por los supuestos delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez).

En su resolución judicial, que no se refiere a los nueve folios de la comisión rogatoria francesa que permanecen secretos, el juez cita a declarar para el próximo 8 de febrero al inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y a la jefa de la Sección de Análisis de este cuerpo, que ya declararon en el marco de este procedimiento, con la finalidad de que "puedan aclararse determinadas contradicciones apreciadas en los diversos testimonios recabados" respecto a los hechos investigados.

Para ese mismo día llama a declarar como testigo al subdirector de La Razón y experto en Interior, Jesús María Zuloaga, ya que en la investigación consta una llamada telefónica con el responsable policial en el País Vasco que se encuentra imputado de la que se desprenden "datos de relevancia para la presente instrucción".

CORTES EN EL VÍDEO

Además, solicita al equipo policial que llevó a cabo la investigación, dirigido por Carlos G., que le detalle por qué existen cortes en el vídeo en el que se mostraban los movimientos registrados en la puerta del bar 'Faisán' cuando se habría producido el chivatazo. En este sentido, solicita una "certificación de la cadena de custodia" de esta cinta y que se identifique a "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.

De igual modo, reclama a la Guardia Civil que realice otro examen pericial sobre este vídeo, al objeto de confirmar el anterior análisis realizado por la policía, que detallaba que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro".

El juez pregunta a los expertos del instituto armado si hay alguna "técnica audiovisual por la que pueda llevarse a cabo la recuperación de las imágenes borradas" y si los cortes son "simultáneos a la grabación original" o se produjeron "con posterioridad". De igual modo, reclama a los policías que realizaron el primer informe que analicen si en los cinco días anteriores al chivatazo y en los cinco posteriores se produjeron también cortes en la grabación.

En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.

IMÁGENES DEL INSPECTOR

Por otra parte, Ruz solicita al equipo investigador que determine la hora exacta en que se produjo la salida del bar 'Faisán' de su propietario, Joseba Elosúa, principal imputado en la causa, y si sus agentes estaban vigilando las dos puertas del establecimiento. A este respecto, pregunta si a partir de esta grabación se puede llevar a cabo "un estudio pericial fisionómico" con la finalidad de contrastarlo con la "imagen real" del inspector de Álava que, según la investigación, habría entregado a Elosúa el móvil con el que se habría producido la delación.

De la misma forma, solicita a los agentes de Carlos G. que le faciliten un plano identificativo de la zona que detalle dónde se encontraban las cámaras de grabación, así como una infografía animada que "refleje la secuencia de los hechos investigados".

También les pide que especifiquen "qué método siguieron para acotar" las 1.932 llamadas sospechosas que se realizaron en la zona entre las 11.10 y las 12.00 horas del 4 de mayo de 2006 e investigar "a fondo" únicamente 63, así como el método seguido para identificar a los titulares o usuarios de los números de teléfono vinculados a esas llamadas y si algunas pudieron realizarse desde tarjetas de prepago.

IDENTIFICAR AL CONFIDENTE

El magistrado también advierte a dos de los tres imputados de que es "indispensable" que identifiquen al confidente etarra que fue citado por estos para explicar el tráfico de llamadas que se produjo en torno al 'Faisán'. Para ello, les da un plazo de diez días y les recuerda que aunque den su nombre su identidad "será reservada a las partes y terceros ajenos al procedimiento", por lo que declarará "con la debida protección".

De la misma forma, reclama a tres peritos de la compañía Telefónica Móviles que detallen la ubicación de las llamadas ocurridas el día del chivatazo y si existe alguna posibilidad de que existan algunas que se produjeran desde repetidores que no hayan sido analizados por la policía.

"DELACIÓN PARA EVITAR DETENCIONES"

Ruz, que da un plazo de 15 días para llevar a cabo estas diligencias y de 10 en el caso de la identificación del confidente, expone que a la vista de las actuaciones judiciales llevadas a cabo en este procedimiento, se está investigando "una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía tendente a evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas" por su relación con el aparato de extorsión de ETA.

Según indica, la "delación policial" a Joseba Elosúa "trataba de evitar la inminente detención" del etarra José Antonio Cau Aldanur, enlace de ETA para el cobro del denominado 'impuesto revolucionario', así como de otras personas que estaban siendo investigadas tanto en Francia como España.

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