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Los controladores se niegan a declarar en Madrid

NO CONSIDERAN COMPETENTE A LA AUDIENCIA PROVINCIAL

El fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, propondrá penas de hasta 8 años de cárcel.

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El fiscal jefe del Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, ha asegurado que los doce controladores citados este jueves por un delito de sedición se han acogido a su derecho a no declarar, puesto que entienden que la competencia corresponde a la jurisdicción militar en base al Estado de Alarma decretado el pasado sábado y la militarización del espacio aéreo.

En una multitudinaria rueda de prensa, Esteban ha insistido en que si sigue la misma línea, se dejará de citar a los próximos controladores para "evitar dilaciones" y se pedirá que se traslade la denuncia a un juzgado ordinario. "La Fiscalía seguirá investigando a través de la Policía para saber qué ocurrió el 3 y 4 de diciembre", ha dicho.

Respecto a su negativa a declarar, el fiscal jefe de Madrid se ha mostrado contrario a que esto se investigue por la jurisdicción militar, puesto que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretara la militarización del aeropuerto por el caos aéreo.

Esteban ha especificado que son 175 los controladores que se ausentaron de sus puestos de trabajo en Madrid, indicando que los primeros que han sido llamados a declarar son los que tenían constancia de que estuvieron reunidos en un hotel de Torrejón de Ardoz en el momento de los incidentes.

El fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, manifestó por su parte que se van a proponer penas de hasta 8 años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo.

Conde-Pumpido ha resaltado que "el abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo, es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre 3 y 8 años. No estamos hablando de un problema laboral porque no se ha utilizando en ningún momento las vías legales sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación".

El fiscal general del Estado ha precisado que "hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos".

Delito de sedición

El Ministerio Público acordó el pasado sábado citar a declarar a todos aquéllos controladores que abandonaron sus puestos de trabajo para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos del delito de sedición previsto en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.

La citación se enmarca en las diligencias de investigación número 322/10 incoadas este viernes como consecuencia de los hechos ocurridos en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Torrejón de Ardoz a raíz del abandono de sus funciones por parte de los controladores aéreos, alegando falta de adecuación de sus condiciones psico-físicas para el desempeño del cargo.

El Ministerio Público argumenta su posición en la finalidad de averiguar "las causas de dicho abandono, dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

A la vista del resultado de las diligencias que se han acordado, la Fiscalía de Madrid ha adelantado que adoptará las medidas que estime procedentes con el rigor y la proporcionalidad adecuados a las conductas desplegadas y al gran número de ciudadanos perjudicados en sus derechos.

Una vez decretado el Estado de Alarma, los controladores pasan a ser movilizados, por lo que podrían haber incurrido en un delito de "sedición" previsto en el Código Penal Militar.

Penas de prisión

Este delito viene recogido en el artículo 91 del citado Código en el que se establece "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".

"Si los hechos tuvieren lugar en situación de peligro para la seguridad del buque o aeronave, frente a rebeldes o sediciosos, acudiendo a las armas o agrediendo a superior, las penas serán de diez a veinte años de prisión Para los meros ejecutores y de diez a veinticinco para los promotores, el cabecilla y, en todos los casos, para los oficiales y suboficiales", añade el precepto.

"Si le causare la muerte o lesiones al menos graves a un superior, se impondrá la pena de quince a veinticinco años de prisión a los promotores y demás responsables aludidos en el párrafo anterior, y de diez a veinticinco años a los meros ejecutores", agrega.

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