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Adán Martín pide explicaciones a Juzgado y Policía por las filtraciones

operación Góndola

El presidente canario cree que desde el Juzgado de Instrucción de instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) o desde la Jefatura Superior de Policía en Canarias debe darse una “explicación muy clara sobre cómo es posible que se trate de embarrar a la primera autoridad de Canarias, sin la existencia siquiera de indicios”. A su juicio, quienes “desde hace mucho tiempo vienen insinuando, con unas y otras palabras, que mi Gobierno mantiene vergonzosas connivencias con intereses empresariales creo que nos deben a todos, si no una disculpa, al menos una aclaración pública sobre lo ocurrido”.

Según Martín, se le ha puesto “al filo de las sospecha sin indicio razonable alguno. Se entresacaron frases de supuestas conversaciones. Se insinuaron amiguismos. Se jugó con el lenguaje de las insinuaciones indemostrables. Y hasta introdujeron y trataron de hacer pasar en el sistema judicial supuestos y novelescos elementos probatorios, a ver si cuelan”.

El presidente canario dijo que diez días después de anunciar que renunciaba a ser candidato a la Presidencia de Canarias se hizo aflorar a la opinión pública una “insostenible e increíble historia” que le ponía en el centro de una trama de tráfico de influencias.

“Uno de los más graves infundios sobre mi persona en mis veintiocho años de vida pública”

Seis días después de que se “desatara uno de los más graves infundios sobre mi persona en mis veintiocho años de vida pública, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitido hoy (jueves) estima que no hay ninguna base para considerar que haya realizado ningún tipo de tráfico de influencias”, añadió Adán Martín.

La actuación de la justicia ha sido “en un tiempo razonablemente diligente”, lo que el jefe del Ejecutivo agradeció al entender que se dan dos circunstancias notables como son la “endeblez y simplicidad de las supuestos indicios sometidos a análisis y la alarma social producida, al ponerse bajo sospecha a la máxima instancia política de Canarias”. Recordó que la jueza instructora afirma en el auto de este jueves que las conclusiones del juzgado de instrucción remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias “en ningún caso podían ser consideradas siquiera como indicios”.

El hecho de que un gobernante hable con un administrado sobre un expediente que tiene pendiente es y debe ser en un país democrático algo natural e incluso necesario, como así lo establecen las leyes, añadió Martín. También declaró que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias señala “con claridad que no han existido indicios, ni siquiera para que le fuera elevado este asunto a su consideración, y, por lo tanto, ni siquiera para que este presidente haya sido puesto públicamente bajo el filo de la sospecha, junto al Gobierno de Canarias”.

Rechazó que Canarias sea un nido de corrupción y destacó que el alto tribunal canario también llamó este jueves la atención sobre el hecho de que “decretado el secreto de las actuaciones, tal secreto ha debido ser vulnerado, como evidencian las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación”. Afirmó que las filtraciones han sido parciales y muy orientadas a incrementar las sospechas sobre su persona, sobre el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, y el director general de Presidencia, Salvador Iglesias.

Martín mostró su preocupación porque “con tanta facilidad se haya vulnerado la tutela policial o judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos” y que hechos como estos puedan producirse en el futuro “para comprometer la estabilidad del Gobierno de Canarias”. El presidente canario destacó que se ha esclarecido la verdad en un caso “plagado de filtraciones interesadas y manipulaciones de hechos”, y comentó que lo grave no es que “casualmente” se le haya grabado una conversación telefónica en el ámbito de una orden judicial de vigilancia telefónica a una de las personas finalmente imputadas en el llamado “Caso Mogán”.

En su opinión, lo grave es el “uso y abuso que se ha hecho de una conversación con el evidente ánimo de echar por tierra una trayectoria política de la que me siento francamente orgulloso”.

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