María Antonia Álvarez acusa a Santiago Negrín de impedir “el gobierno democrático” de RTVC

La culpa de la crisis en el seno del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC) no es solo de su presidente, Santiago Negrín, sino que afecta directamente al Gobierno que preside Fernando Clavijo, a la totalidad del arco parlamentario e, incluso, a la industria audiovisual canaria. “A nadie le ha interesado, con todas las acepciones de la palabra, que la Ley se cumpliera”.

Así lo pone de manifiesto María Antonia Álvarez en los ocho duros folios de que consta su carta de dimisión como consejera y en los que reparte estopa y pone la cara colorada a todos y cada uno de los seis grupos con representación en la Cámara regional, cuyos portavoces “ni siquiera se han preparado sus intervenciones en las comisiones de Control del ente público” y no se han puesto a trabajar en los mandatos-marco (con vigencia de seis años) que, por Ley, deben concretar los objetivos de la función de servicio público de RTVC.

Con todo, para Álvarez, y al margen del papel jugado por el Gobierno y el Parlamento, “la responsabilidad” del fracaso de los siete meses de vida del nuevo Consejo Rector “es exclusiva” de Negrín, “de sus acciones y de sus omisiones”.

Falta de voluntad

Y es que la “falta de voluntad” del presidente del Consejo por “cumplir la Ley” ha impedido que este órgano “fuera el gobierno democrático de la Radio y la Televisión Públicas de Canarias que mandata la legislación vigente”.

Para Álvarez, el sustituto de Willy García “no ha asumido” que sus competencias “difieren mucho de la omnipotencia de la que gozaba la anterior figura de director general”, por lo que ha retrasado la designación de un secretario del Consejo para “manejar a su antojo” el citado organismo.

Asimismo, las “dudas organizativas y jurídicas” que se han generado en la transición del anterior y el actual modelo de gestión han servido para que Negrín se apropiara de “la potestad no sólo de convocar al Consejo, sino de decidir cuál era el orden del día”.

Ninguneo

“Así las cosas, el Consejo Rector sólo ha abordado los asuntos que el presidente ha estimado oportuno y en el momento en el que el presidente ha estimado oportuno”, se afirma en la carta de dimisión.

Esta manera dictatorial de dirigir el Consejo durante sus pocos meses de vida, dejaba al resto de miembros la única posibilidad de recurrir al punto de Ruegos y Preguntas para, según Álvarez, “tratar de ejercer sus competencias y su labor de fiscalización”, pero, al ser siempre el último punto de las reuniones, “o bien no había tiempo o simplemente el presidente cerraba la sesión en el momento en que le interesaba, abandonando la reunión”.

“Una y otra vez el presidente ha incumplido compromisos adquiridos con el resto de consejeros y consejeras sobre la entrega de documentación, celebración de reuniones con los trabajadores y trabajadoras, asistencias de cargos directivos a las sesiones del Consejo, etcétera”, enumera Álvarez.

Una serie de irregularidades que culminan con el hecho de que los propios consejeros han tenido que transcribir personalmente las grabaciones de las reuniones, pues en la redacción de las actas “o bien no se correspondía con lo acaecido o bien no contemplaba partes que no interesaban a la Presidencia”.

Para Álvarez, Negrín ha sometido al Consejo Rector a un “ninguneo” y “se ha negado a informar y consensuar con el resto de consejeras y consejeros sus comparecencias en la Comisión de Control” del Parlamento, pues él mismo considero a ninguno de sus miembros “como su equipo”.

Asesores ajenos al ente

¿Y quien era su equipo? La respuesta también la ofrece Álvarez: Negrín “ha estado en este tiempo asesorado por periodistas ajenos al ente, al Parlamento canario y al Gobierno regional, pero con intereses accionariales en el posible reparto de contratos”.

Profesionales mediáticos que, para la consejera dimisionaria, “han difundido información antes que otros medios de comunicación y que no han dudado en arremeter contra el criterio profesional que ponía en peligro esos intereses tildando de vedettes a las consejeras en el ente público”.

Gobierno y Parlamento se lavan las manos

En toda esta deriva hacia el colapso del Consejo de RTVC también ha contribuido el Gobierno regional al recortar 3,5 millones de euros el presupuesto de RTVC para 2016, afectando esta disminución “a la cuenta de producción propia a través de la cual se dinamiza el sector audiovisual del Archipiélago”.

Por tanto, el Ejecutivo de Clavijo “restaba el protagonismo que la Ley concede al ente para ser un instrumento esencial para impulsar la sociedad de la información y la producción de bienes culturales y audiovisuales canarios”.

Y tampoco se libran de las críticas los grupos parlamentarios, ni los tradicionales ni los emergentes, y recuerda a todos que han estado más preocupados por sus propios intereses políticos y estratégicos que por velar que la Ley se cumpliera y se desarrrollara.

“Desde que en septiembre se iniciara el curso político regular en el Parlamento regional, los tres partidos que auspiciaron la conformación del Consejo Rector se han limitado a lavarse las manos, a mirar para otro lado, a poner paños calientes, a preguntar por cuestiones menos trascendentes”, afirma Álvarez en la misiva.

Y tampoco salen mejor parados Podemos, Nueva Canarias y el Grupo Mixto, que para la dimisionaria “lejos de provocar soluciones, se han sumado a generar mayor inestabilidad porque lo que interesaba era reclamar su cuota de poder en el Consejo Rector”.

En definitiva, que “los diputados han asistido a las sesiones de la Comisión de Control armados con titulares de informaciones erróneas, incompletas o claramente tergiversadas e interesadas”.

Guerra mediática sangrienta

El sector audiovisual, dividido entre las pequeñas productoras innovadoras y creativas y las grandes empresas del sector (vinculadas a medios informativos), tampoco escapa a las críticas de Álvarez. Las primeras porque la nueva Ley “es la oportunidad de entrar en un circuito que les ha sido históricamente vetado”, mientras que para las segundas “supone un riesgo comenzar a competir en un sistema transparente que sólo atienda a criterios objetivos”.

“La reciente guerra de titulares entre dos periódicos tinerfeños ha evidenciado cuan sangrienta puede ser la batalla por mantener el status quo del reparto del presupuesto de RTVC”, afima la ya ex consejera del ente.

Todo ello ha llevado a que el nuevo modelo de gestión de RTVC no se haya podido implementar recogiendo el espíritu de la Ley aprobada en diciemnbre de 2014 “por la práctica totalidad de los actores implicados y muy especialmente por la omisión del presidente del Consejo Rector”, resume como conclusión Álvarez en su carta de dimisión.