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Aparecen nuevos errores en el cálculo del deslinde de Hoya Pozuelo

EL PROMOTOR ADUCE FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA

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Los nuevos estudios aportados por Hoya Pozuelo S.L, promotora de los dúplex pendientes de ser demolidos en la costa de Telde por orden de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), han dado con nuevos errores en los cálculos y la delimitación del deslinde marítimo terrestre y la consecuente zona de servidumbre. El informe elaborado por el ingeniero topógrafo Enrique de Vidania pone de manifiesto que los mojones que marcan la cota de mar no están ubicados en las coordenadas recogidas en los planos de Costas.

"Si se tuvieran que colocar los mojones en las coordenadas correctas, habrá que colocarlos dentro del mar", explicó el promotor Jaime Cortezo en una entrevista concedida al programa El Espejo Canario de CANARIAS AHORA RADIO. La principal consecuencia de este extremo es que eso supondría que los duplex no estarían invadiendo la servidumbre de dominio público.

La promotora ya elevó con anterioridad otro informe en el que se pone de manifiesto que además los cálculos son erróneos dado que para establecer los límites se usó como media la cota de mar de Alicante que no es de referencia en los Archipiélagos donde se usan las cotas de los puertos.

Cortezo destacó además que cuando se realizó el deslinde y se tramitó el expediente de esta urbanización era de vigor la anterior ley de costas, dado que la actual data de 1988 que es la que incluye la servidumbre de protección.

Cuando se tramitó el expediente para solicitar las licencias, la modificación del Plan Parcial obtuvo el visto bueno de la Consejería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Telde, gobernado por CC, otorgó las consecuentes licencias para llevar adelante al proyecto. Cortezo explicó además que lo construido es fiel reflejo de lo proyectado y aprobado por las distintas administraciones.

"Se supone que ellos debieron comprobarlo todo porque de hecho nos advirtieron que habían dos bados que no cumplían los cuatro metros y medio recogidos en el proyecto. Si pudieron medir los bados podían haber medido otras cosas", argumentó el promotor.

Pero a juicio de Cortezo, la situación creada y el consiguiente perjuicio para los propietarios amenazados con el derribo, tiene solución sobre la base de argumentos jurídicos. "Pero no hay voluntad política: sin duda. Hay argumentos suficientes. Hay argumentos legales, que no retuercen la ley, que facilitarían la legalización de esas viviendas. Y se han legalizado muchas otras con muchos menos argumentos jurídicos", recordó Cortezo al hablar de las distintas amnistías que el Gobierno ha aprobado para viviendas que incluso carecían de licencia "mientras nosotros sí tenemos licencias".

Y es que, tal y como adelantó esta miércoles, CANARIAS AHORA, existe una solución legal, que ademas conoce el Gobierno canario a través de su consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, y que le fue propuesta por el director general de Costas, José Fernández. Así, y según la Disposición Transitoria octava de la Ley de Costas, se podrían aquilatar los cien metros de la servidumbre de tránsito si se acredita que no se perjudica la integridad del dominio público marítimo terrestre localizado a noventa metros de las viviendas. La situación se puede resolver pues con la redacción de un documento urbanístico o territorial que sería informado favorablemente por Costas si el Gobierno de Canarias lo tramitara justificadamente.

En el contexto de la falta de voluntad política para dar una solución a esas familias, Cortezo sostuvo que desde el pasado año ha tratado de que le recibiera el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, para proponerle las posibles soluciones. "No lo ha hecho, y ya no espero que lo haga", relató. También señaló que personas cercanas al Ejecutivo le ofrecieron resolverlo a cambio de un pago, extremo que el promotor desechó toda vez que además consideró que "aunque hubiese pagado no se habría resuelto".

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