Aplazada la declaración de González Arroyo por el 'caso de Las Clavellinas'
La declaración del ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y el ex secretario municipal Miguel Ángel Rodríguez, por la querella presentada contra ambos por la Asociación de Vecinos Las Clavellinas por un supuesto delito de prevaricación ha sido aplazada al 21 de febrero.
Estaba previsto que González Arroyo y Rodríguez declararan este viernes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) después de que la asociación vecinal de Corralejo los acusara de ser los presuntos autores de los delitos de prevaricación y maquinación para alterar el precio en subasta pública por la venta de una parte de unos terrenos que fueron donados al Ayuntamiento en 1981 para los vecinos de Corralejo.
Fuentes del TSJC informaron de que esta declaración queda aplazada hasta el día 21 a las 11.00 horas, si bien no explicaron los motivos de este aplazamiento.
El pasado 7 de febrero, fuentes cercanas al caso informaron de que la Asociación de Vecinos Las Clavellinas estudia ampliar la querella presentada contra el ex alcalde de La Oliva Domingo González Arroyo (PP) y el ex secretario municipal Miguel Ángel Rodríguez con dos delitos más de fraude a la hacienda pública y malversación de caudales.
La fuentes explicaron que parte de esos terrenos, 125.000 metros cuadrados, fueron vendidos en 2000 en una subasta pública a La Caixa por un precio inferior al que había estipulado el Ayuntamiento, previo a un presunto acuerdo entre las partes, según la Asociación de Vecinos Las Clavellinas, que presentó la citada querella en diciembre de 2002 ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Puerto del Rosario.
Uno de los nuevos delitos es el de fraude a la hacienda pública, porque la Ley de Haciendas Locales prohíbe enajenar bienes públicos para pagar gastos corrientes y el Ayuntamiento presuntamente efectuó esta operación para saldar parte de una deuda contraída con La Caixa de 694 millones de pesetas, señalaron las fuentes.
El otro presunto delito que se investiga es el de malversación de caudales públicos, en relación a la venta de esos terrenos a La Caixa por 250 millones de pesetas, añadieron las fuentes.
Así mismo, informaron de que también solicitarán que se procese, en caso de que la instrucción prospere y se ordene la apertura de juicio oral, al técnico municipal que hizo la tasación pericial de los terrenos por usurpación de funciones e intrusismo profesional, pues su titulación es la de perito industrial.
Las fuentes recordaron que en la querella también figuraba en un principio el registrador del Ayuntamiento José Manuel Muñoz Roncero, pero fue eximido de la causa por el Juzgado de Instrucción porque no apreciaron indicios de conducta delictiva.
Señalaron que la querella se ha dilatado tanto en el tiempo por los múltiples recursos de reforma y apelación presentados por las partes y uno de ellos, el de apelación presentado por el ex secretario municipal contra la admisión, estuvo dos años en la Audiencia Provincial de Las Palmas para resolverse.
Además, añadieron que han pasado por el Juzgado de Instrucción Número 2 cuatro jueces hasta que el pasado año se envió un auto al TSJC advirtiendo de que había indicios racionales de que podían haber cometido delito de prevaricación tanto el ex alcalde de La Oliva como Miguel Ángel Rodríguez.
En la causa también figura como acusación popular desde 2005 la asociación cultural y ecologista Agonane.
