La Audiencia de Cuentas ve posibles responsabilidades contables en algunas contrataciones de los comedores escolares

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, ha dicho este miércoles que en la gestión de los comedores escolares no universitarios hay ciertos defectos, de forma que en algunas contrataciones es posible que se hayan cometido responsabilidades contables, si bien el Tribunal de Cuentas no se dicho nada al respecto.

Rafael Díaz ha hablado de este modo tras presentar en comisión parlamentaria el informe de fiscalización de la financiación pública de los comedores escolares de Canarias correspondiente a los cursos 2012-2013 y 2013-2014.

En el informe se señala, entre otras cuestiones, que durante el curso 2012-2013 se beneficiaron de este servicio 65.861 alumnos, cifra que se elevó a 66.90 en el 2013-2014, y en ambos casos se cubrieron alrededor del 95% de las plazas ofertadas.

Del total de comensales por curso, el 57% recibió subvenciones de la Consejería de Educación para cubrir el coste del servicio, dependiendo la cuantía percibida de la renta de su unidad familiar y de las variaciones de su situación socioeconómica.

La financiación principal provino de las aportaciones de los alumnos, seguida de las asignaciones de la Consejería de Educación destinadas a subvenciones (el 17,7% y 23,2% para cada curso, y la financiación ascendió a 38,3 millones de euros el primer curso y a 40,4 millones el segundo.

Rafael Díaz ha explicado que la Consejería de Educación libró parte de la asignación para subvenciones con cargo al capítulo 2 de su presupuesto de gastos, cuando estas debieron imputarse al capítulo 4, ya que su finalidad no consistía en atender gastos de funcionamiento del comedor.

La gestión de comedores se repartió entre directa y contratada, siendo superior, tanto en número de comedores como de comensales, el segundo tipo, y la diferencia es que en la primera los centros asumen el funcionamiento del comedor, y en la segunda los menús los provee una empresa.

La Audiencia de Cuentas reconoce que no puede determinarse cuál de las gestiones es más eficiente, al depender de las características del centro escolar, y tampoco se puede concluir cuál es más económica, al no existir una contabilidad de costes del servicio homogénea entre los centros.

El gasto total de prestar el servicio de comedor en Canarias pasó de 31,6 millones de euros en el curso 2012-2013 a 34,6 millones en el 2013-2014, al tiempo que aumentó el número de alumnos comensales en 829, con un incremento de 10 comedores.

Al comparar esas cifras con la financiación, el saldo de la cuenta de comedores fue positivo, alcanzando un remanente al final de cada curso de 6,7 y 5,8 millones de euros, respectivamente.

La existencia de estos remanentes indica un exceso de financiación sobre el coste del servicio.

La Audiencia de Cuentas indica que aunque los centros docentes disponen de autonomía de gestión, las adquisiciones que realicen deben estar sujetas a la legislación de contratos del sector público.

En el caso de la gestión contratada, la correspondencia de las funciones asignadas al consejo escolar y a los directores de los centros en materia de contratación no están claramente perfiladas en la normativa autonómica que delega la gestión económica de los comedores a los centros educativos, en lo relativo a la mesa y al órgano de contratación.

Para los centros de la muestra analizada se ha comprobado que no se realizó procedimiento de contratación alguno para la adjudicación del servicio cuando se superó los 18.000 euros, ni se tiene constancia de la existencia de pliegos de las cláusulas reguladoras de la contratación.

La Audiencia de Cuentas señala en su informe que de lo anterior pudiera deducirse la existencia de alguno de los elementos indiciarios de la responsabilidad contable, cuya determinación corresponde efectuar al Tribunal de Cuentas.

También dice la Audiencia de Cuentas que en el registro de factura de la Comunidad Autónoma no figura la facturación de los gastos de comedor recepcionada por los centros docentes, contraviniendo lo dispuesto en el Decreto 2/2014, de 23 de enero, lo que supone un obstáculo al control.

Además, se han observado diferencias en los datos en ambos cursos, dependiendo de la fuente analizada, además de detectar errores en la contabilización, lo cual evidencia debilidades en la información de la que dispone la Consejería de Educación para el control de la gestión de los comedores.

No hay constancia de que la Intervención General ni de que la Consejería de Educación hayan efectuado algún tipo de control sobre los importes contabilizados por los propios centros en sus cuentas de gestión.

La Audiencia de Cuentas realiza una serie de recomendaciones para mejorar la transparencia en la adjudicación del servicio, así como refundir la normativa relativa a la gestión y analizar si los remanentes se producen a que las cuotas son excesivas, o elevadas las subvenciones.