El Ayuntamiento de Arona, condenado a pagar más de 600.000 euros
El Ayuntamiento de Arona en el sur de Tenerife, con mayoría absoluta de Coalición Canaria (CC), ha sido condenado al pago de más de 600.000 euros por tres sentencias que han recaído una detrás de otra en esta semana, una de ellas por dejar de pagar el alquiler de una aplicación informática para el servicio de recaudación municipal.
La primera sentencia, notificada al Ayuntamiento el pasado lunes, es del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que reconoció la deuda a de 79.045,84 euros a la empresa Instituto Ferial Tenerife S.A. por el montaje de los escenarios del festival Aguaviva Fest durante los años 2005, 2006 y 2007. A la deuda de 49.045,84 euros se añadieron otros 20.000 por intereses de demora.
El pasado martes, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó en firme al Ayuntamiento aronero al abono de 240.738 euros por haber dejado de pagar desde 2007 el alquiler de una aplicación informática para el servicio de recaudación municipal, que no se devolvió a su propietario, el ex concesionario del servicio, Antonio León González.
Según explica la periodista Blanca Salazar en su web Blancahari.com, en marzo de 2011, el juzgado de lo Contencioso número 1 de Santa Cruz de Tenerife dio la razón a León González, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento apelaron la sentencia, que finalmente ha sido firme y añade 13.000 euros por costas judiciales.
Mora por desequilibrios económico-financieros
La tercera sentencia contra el Gobierno del alcalde José Alberto González Reverón conocida esta semana, es por algo más de 300.000 euros por intereses de demora a la empresa ex concesionaria del servicio de limpieza municipal Camilo Álvarez Sánchez (CAS). La base de la demora está en la diferencia que debía abonar el Ayuntamiento de Arona por “los desequilibrios económico-financieros” durante los últimos años de gestión de servicio, que concluyeron el 2 de febrero de 2011.
En mayo del año de pasado, el Ayuntamiento acordó en pleno el pago de cerca de 3,9 millones de euros que se debían a CAS, dinero destinado a la nueva concesionaria, la UTE Sufi-hermanos Santana Cazorla.
Ese mismo mes, León González presentó otra querella contra el alcalde José Alberto González Reverón y el resto de los concejales de la Corporación, que instruye el juzgado de Instrucción 4 de Arona, por presunta prevaricación administrativa. Al impedir a la empresa retirar su material para la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y conservación de jardines y playas.
