Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que tomará acciones sobre la sentencia del Canódromo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado que tomará acciones en relación a la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Canarias en la que declara la ilegalidad de las determinaciones del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, --que sirvieron de cobertura para construir las Torres del Canódromo-- una vez que los servicios jurídicos del Consistorio estudien las posibilidades existentes.
Así lo manifestó hoy el portavoz del Grupo de Gobierno, Sebastián Franquis, durante una rueda de prensa en la que indicó que el Ayuntamiento respeta la decisión tomara por el TSJC. “Hemos pedido que se analice en profundidad. Esto tiene un largo recorrido, en el que han habido decisiones políticas que han supuesto que estemos hoy analizando una situación que se han convertido en un problema para Las Palmas de Gran Canaria. No es un problema de un partido político o de un Gobierno de turno”, señaló.
“El Consistorio --continuó-- quiere actuar con absoluta responsabilidad en las decisiones futuras que tiene que adoptar, y que adoptará, sin ningún lugar a duda. Pero antes de cualquier medida, la prudencia requiere que tengamos todos los informes que hemos solicitado para actuar con absoluta responsabilidad”.
Por su parte, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha dictado una sentencia en la que declara la ilegalidad de las determinaciones del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, que sirven de cobertura a la licencia otorgada en 2006 para construir las dos torres del Canódromo, y que determina la ilegalidad de esta autorización al referirse a “un planeamiento anulado”.
La resolución desestima los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de la capital grancanaria y de la entidad mercantil Realia Bussines y confirma la sentencia dictada el 22 de septiembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
(Habrá ampliación)
