Ben Magec se agarra al nuevo catálogo para exigir al Gobierno Canarios que proteja a 146 de especies más
La organización advierte que si la administración canaria no actúa, acudirá a los tribunales para demostrar que la Ley es “ilegal”
Los ecologistas 'felicitan' a Berriel y Rivero por haberse cargado en dos años, el “edificio normativo” para proteger la biodiversidad
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 (EUROPA PRESS)
La organización Ben Magec-Ecologistas en Acción han 'amanecido' en la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para presentar un escrito en el que solicitan el cambio de categoría de 146 especies catalogadas como de Interés Para los Ecosistemas Canarios para que sean declaradas de Protección Especial aferrándose al artículo 4 de la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas que hoy ya está vigente.
El portavoz de la organización, Toni Rodríguez, así lo anunció hoy ante los medios de comunicación en una rueda de prensa ofrecida en Santa Cruz de Tenerife en donde insistió en que dicha norma es el “último episodio chapucero, acientífico e ilegal” sobre la biodiversidad canaria.
Rodríguez puso de manifiesto que en la actualidad existe una Ley “básica” Estatal 42/2007 que regula la biodiversidad y en la que se deja claro que las Comunidades Autónomas no pueden salirse de la mencionada norma, en todo caso han de ampliar la protección, “nunca menos”. Este texto se divide en dos categorías: especies protegidas y amenazadas. A su vez esta última se divide en peligro de extinción y vulnerables permitiendo nuevas categorías dentro de estas.
Sin embargo, según indicó el portavoz de Ben Magec, el Parlamento de Canarias se “inventa” dos categorías, en la que una de las cuales es “ilegal” porque no protege en absoluto que es la denominada 'De especial interés para los ecosistemas canarios', mientras que en la llamada 'Protección Especial' existe una “coletilla” en la que se afirma que si existen obras de interés general se puede ver afectado el espacio en el que se encuentre.
“Esto es de una gravedad extrema porque abre la caja de los truenos”, declaró Rodríguez porque puede convertirse “en un disparadero” en otras comunidades autónomas, si finalmente se acepta esta ley. Con todos estos argumentos, Ben Magec ha iniciado un procedimiento administrativo en el que pide el cambio de categoría de las 146 especies declaradas de interés general. Para ello, y tal y como también recoge la Ley, han presentado un documento e informes científicos, concretamente, 'La Evaluación de Espacies Amenazadas 2009' elaborada por los servicios de Biodiversidad del Gobierno Autónomo.
Rodríguez matizó que si bien no están de acuerdo con el texto, es “infinitamente mejor” que la Ley canaria. Dijo también que no lo han adjuntado porque está “en la propia administración”. “Desde nuestro punto de vista, hoy se inicia un expediente y es incuestionable que han de hacerse los cambios de categoría, si no nos veremos en los tribunales y demostraremos que es ilegal”, sentenció el ecologista.
En este sentido, añadió que fue el propio consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, quien el pasado 25 de mayo dijo: “Estamos esperando que alguien nos dé un documento alternativo que nos diga que nos hemos equivocado y que la especie tal tiene que estar aquí o allí porque este estudio concreto así lo dice. Puedo garantizar que si alguien trae eso, inmediatamente se aplicaría esa previsión del artículo 4 de Ley y se modificará”.
Ben Magec, además, ha esgrimido que “cualquier ciudadano u organización podrá solicitar a la consejería competente en temas de biodiversidad la iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión del Catálogo”.
ATADOS DE PIES Y MANOS
Los ecologistas han lamentado que el Parlamento haya sacado adelante una Ley para “atar” a la ciudadanía quedando en manos la revocación de la misma en el Constitucional y tras una denuncia de 50 diputados o Senadores y el Defensor del Pueblo. Rodríguez aseguró que está en manos del Gobierno socialista acudir a los tribunales.
Irónicamente felicitó al consejero de Medio Ambiente y al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, por “haberse cargado” en dos años --tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes y el Catálogo-- el “edificio normativo” que protege la biodiversidad del archipiélago, y que lleva gestándose 30 años, para la construcción no sólo del puerto de Granadilla, sino puertos deportivos o el cierre del anillo insular.
