Berriel dice que los servicios jurídicos han ahorrado más de mil millones
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, dijo este miércoles que los servicios jurídicos han tenido más méritos y éxitos que desaciertos, ya que con su buena acción se han desestimado sentencias que pedían indemnizaciones por más de 1.000 millones de euros, frente a los 100 millones que ha abonado la Comunidad Autónoma.
Así lo manifestó el consejero en el Parlamento regional, donde compareció a petición propia para informar sobre la desclasificación de suelo en Montaña Rayada, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), que ha provocado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obliga a la Comunidad Autónoma a abonar más de 29 millones de euros en concepto de indemnización a la promotora.
La diputada del grupo Socialista Gloria Gutiérrez calificó la intervención del consejero de “tardía, extemporánea, sospechosa y tramposa” y se preguntó por qué el Gobierno canario tiene “un silencio cómplice con los especuladores”.
“Tanto en Tebeto como en Montaña Rayada los propietarios no han movido ni una piedra y entonces, por qué el Gobierno ha callado y no ha explicado lo que ha pasado?”, se preguntó Gutiérrez, quien exigió al Ejecutivo “que se ponga a trabajar para evitar en la medida de lo posible el pago de esta gran indemnización”, que suma más de 33 millones de euros si se suman los intereses.
Gutiérrez consideró que el Ejecutivo debería estudiar fórmulas como un recurso de revisión para no permitir “más saqueos a las arcas públicas”, se preguntó por qué no ha pedido el fraccionamiento del pago, como ha hecho con Tebeto, y reiteró que el PSC no va a consentir ni callar lo qué está pasando, ni “que estos conchabeos los pague el pueblo canario”, con otra indemnización “que esquilma y saquea” las arcas públicas.
Domingo Berriel replicó a la diputada socialista que ha dicho “algunas falsedades” y consideró que si un partido vota a favor de aumentar la protección sobre el territorio, como fue el caso del PSC cuando, en su pacto de gobierno con ATI, aprobó la ley de espacios naturales de Canarias.
“Si se vota una protección se asume el riesgo y sus consecuencias, sean caras o baratas, y lo que no se puede ser es hipócrita, diciendo que se es proteccionista y ecologista, y no aceptarlas”, advirtió Berriel, quien pidió a la diputada socialista que esté “orgullosa” de la citada ley “y no se rasgue las vestiduras si esta protección cuesta dinero”.
También le recriminó el “cinismo” de echar la culpa por esta situación al Ejecutivo “al que le toca hacer la gestión para pagar” la indemnización y subrayó que los servicios jurídicos han estudiado “hasta la saciedad” lo que se puede hacer, pero cuando una sentencia es firme “no queda otra que acatarla”.
No hay posibilidad alguna de presentar un recurso extraordinario de revisión, señaló el consejero, quien detalló que cuanto más tarde se resuelva la situación más intereses se pagarán, por lo que criticó a Gutiérrez por plantear “la trampolina de equivocar a la gente y confundir con Tebeto”.
El Gobierno regional no está de acuerdo con la sentencia pero aunque crea que está equivocada debe acatarla, y ha detraido presupuesto de las consejerías que mayores cantidades gestionan, en una aportación “simbólica” que no producirá “quebranto”, porque si es Medio Ambiente la que debe sufragar los 33 millones “tengo que atracar un banco”, dijo Berriel.
El consejero detalló los pormenores de la clasificación del suelo en Montaña Rayada desde 1974, cuando acorde con la filosofía “desarrollista” de la época se propuso un plan de urbanización de 231 hectáreas para 16.740 habitantes, hasta la aprobación en junio de 1987 de la ley de espacios naturales y su inclusión en el parque natural de Jandía.
El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, dijo que en este caso “los que recurren para llevarse el dinero ni son de Fuerteventura ni viven en Fuerteventura” y criticó el que se considere que todo “es un pelotazo, negligencia o ineficacia”.
“Prefiero que se paguen indemnizaciones por proteger el parque natural de Jandía antes que ver 40.000 camas más en el municipio de Pájara”, advirtió.
El diputado del grupo Popular Miguel Jorge Blanco afirmó que nadie debe rasgarse las vestiduras porque todos los grupos políticos han participado en las decisiones que han motivado esta sentencia y advirtió de que todos los gobiernos, al aprobar leyes que cercenan derechos preexistentes, deben ser conscientes de que “la espada de Damocles podrá caer algún día sobre ellos en forma de reclamaciones”.
Además el parlamentario popular señaló que también tienen parte de responsabilidad los funcionarios que inspiraron la política legislativa del Gobierno regional.
