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CC y PP aprueban la controvertida Ley de Participación

EL PSC SE ABSTIENE EN LA VOTACIÓN

Los socialistas creen que se trata de una "iniciativa con finalidad propagandística".

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La controvertida Ley de Participación Ciudadana ha sido respaldada este miércoles con el apoyo de los grupos que sustentan al Gobierno de Canarias y la abstención del PSC, que desde el inicio se ha opuesto a lo que ha denominado una "iniciativa con finalidad propagandística".

Tras la aprobación, fue el consejero de Infraestructuras, Juan Ramón Hernández, quien en ausencia tanto del presidente Paulino Rivero como del titular de Presidencia, José Migue Ruano, aseguró ante la Cámara que el texto representa "un avance sustantivo de la calidad democrática" y responde a las "recomendaciones sobre la nueva cultura del diálogo" y la "buena gobernanza" dictadas por distintas instituciones europeas.

Hernández felicitó a todos los grupos y ponentes, "sin entrar en polémicas", por el trabajo realizado para mejorar un texto que fue "un compromiso del presidente en su investidura".

El debate fue un nuevo encontronazo dialéctico entre los portavoces del Pacto, que defendían que el texto es un "refuerzo de los valores democráticos" y la oposición socialista encarnada en Santiago Pérez, para quien la ley "juega" con la Constitución, al intentar introducir la posibilidad de que el Gobierno pudiera convocar referéndums.

Una posibilidad que según el PSC "ha quedado desactivada" pero que, sin embargo, tanto CC como el PP insisten en que queda reforzada en base al artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía y el artículo 203.1 del Reglamento de la Cámara.

La portavoz nacionalista, Nuria Herrera, recordó a la oposición que esta Ley "nunca quiso regular los referéndum, que Canarias puede convocar legalmente", motivo por el que se ha aclarado en una Disposición Adicional Tercera-ter que "la participación ciudadana a través del referéndum se regula de conformidad a lo establecido en la Constitución española y las leyes que la desarrollan".

"El referendum no ha desaparecido, está en la Disposicion Adicional Tercera, porque en Canarias se pueden realizar sin esta ley, pues así lo recoge el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía", ha afirmado.

En concreto, el citado artículo asegura que "corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución" del "sistema de consultas populares en el ámbito de Canarias, de conformidad con lo que disponga la Ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás Leyes del Estado, correspondiendo a éste la autorización de su convocatoria".

Además, y como recordó la portavoz nacionalista, el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, que regula la tramitación de las consultas populares en Canarias, recuerda que éstas "requerirán la aprobación previa de la mayoría absoluta del Parlamento" siempre que sean "cuestiones políticas de especial trascendencia".

Asimismo, la decisión de la Cámara será trasladada al presidente de Canarias para que éste, a su vez, se la remita al "órgano estatal competente para la autorización de la celebración del referéndum", por lo que la última palabra siempre la tendrá el Gobierno central.

"Con el pacto jurídico de la Constitución no se juega y afortunadamente hemos logrado evitar el guiño de complicidad del Gobierno para cierta línea editorial independentista, legítima pero reaccionaria y contraria al pacto constitucional", insistió Pérez.

La intervención de Pérez también fue contestada por la portavoz del PP, Mara Arévalo, para quien el PSC "ha perdido una gran oportunidad de profundizar en los valores democráticos" debido a que el portavoz socialista "ha fabulado muchísimo" y "se han quedado en el continente no queriendo bajar al contenido".

"Esta Ley tiene más ventajas que inconvenientes, es un compromiso de establecer canales de comunicación en ambos sentidos porque el Gobierno se somete al examen de los ciudadanos más allá de la etapa electoral", ha afirmado Arévalo.

La portavoz del PP increpó a Pérez "cuan grande es su capacidad de empecinarse" y aseguró que "se han opuesto por oponerse porque es ahí, en la oposición, dónde más cómodos se encuentran".

El portavoz socialista echó mano a varios argumentos jurídicos para defender sus diez enmiendas, toda vez que entendía que el texto "devalúa derechos fundamentales, porque la participación ciudadana no es un derecho fundamental que pueda ejercerse frente al poder legislativo o judicial sino frente a la acción de las admones publicas".

"Se restringe el derecho fundamental de petición avalado por el artículo 49 de la Constitución y regulado en la Ley de 2001 y tiene un perfil intervencionista que no nos gusta", ha insistido.

Para la nacionalista Herrera, el PSC "sigue confundiendo los conceptos, no se ha enterado de que esta ley no regula los referéndums sino que establece distintos tipos de participación, pues es un punto y seguido para el fortalecimiento de la democracia participativa".

Además de la controvertida figura de las consultas populares, la Ley aprobada sí mantiene la creación de los llamados "jurados ciudadanos", que valorarán una iniciativa del Ejecutivo a instancias de éste.

Según el artículo 26, los jurados ciudadanos "estarán compuestos por diez personas seleccionadas por el órgano administrativo que quiera conocer la valoración de una actividad pública o que haya llevado acabo la iniciativa o programa de actuación, previo informe del departamento competente en materia de participación mediante sorteo".

Sin embargo cuando la iniciativa del Ejecutivo haya sido sometida a un proceso de participación ciudadana a través de foros de consulta, "el jurado se constituirá con 10 miembros del foro según se establezca reglamentariamente".

Según la exposición de motivos, el Gobierno pretende con esta nueva Ley impulsar mediante distintas figuras legales la participación ciudadana "como ejemplo de diálogo, respeto y pluralidad; de implicación de la sociedad civil en el quehacer de las instituciones públicas, y de cohesión social en la sociedad plural y territorialmente diversificada" que conforma el Archipiélago.

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