CC y PSOE sacan adelante el plan de recortes y advierten de que las islas están en “situación de emergencia
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 (EUROPA PRESS)
Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (CC y PSOE) han sacado adelante este jueves en el pleno del Parlamento el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales impulsado por el Gobierno de Canarias con los votos en contra del Grupo Popular y el Mixto (NC-PIL).
La nueva ley prevé, entre otras cosas, el recorte de un cinco por ciento del salario de los empleados públicos, la subida del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) y la creación de nuevos impuestos como el de la banca o las grandes superficies.
La sesión ha contado con la presencia del presidente canario, Paulino Rivero, que se ha incorporado al debate en su tramo final, y varias decenas de empleados públicos han protestado ante las puertas de la Cámara regional contra los ajustes previstos en la administración. Una pequeña representación, incluso, ha mostrado su malestar en la tribuna con camisetas y pancartas reivindicativas.
Tanto CC como PSOE han tenido que presentar una enmienda 'in voce' para dar seguridad jurídica a la entrada en vigor de la ley a partir del 1 julio y para que la subida de impuestos del tramo autonómico del IRPF se haga con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
El Grupo Popular no la ha bloqueado, pero el diputado Miguel Cabrera ha advertido de que es una muestra de la “incompetencia” del Gobierno regional. “Las disposiciones de entrada en vigor son un galimatías y un laberinto”, ha comentado.
LEY “DOLOROSA”
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha reconocido que la nueva ley es “dolorosa” pero necesaria en los “tiempos difíciles” que vive Canarias --aunque ha recordado que llevaban muchos años sin subir impuestos-- sin descartar que la situación, incluso, “empeore” el próximo otoño, y ha advertido al PP de que el Estado no presentará recurso de inconstitucionalidad porque es legal.
Ha dicho que el documento es una muestra de “lealtad institucional” para cumplir con los objetivos de déficit fijados por la UE y el Estado, y espera que se “alce la voz” para que se cambie la orientación política y económica de ajustes por otra de crecimiento.
Por el Grupo Socialista, Emilio Mayoral ha apuntado que “no queda otra cosa” que aprobar por la ley porque hay que cumplir los “compromisos” que dicta la UE, y ha destacado que “reparte” el esfuerzo entre todas las partes. “Espero que estas medidas tengan efectos recaudatorios. Si no es así, nos metemos en un berenjenal”, ha explicado.
El Grupo Popular, por su parte, ha calificado de “atropello” el plan de recortes, basado a su juicio, en la “improvisación y búsqueda rápida” de recursos sin tener en cuenta los “efectos” sobre la actividad económica.
PENSAR A “CORTO PLAZO”
Jorge Rodríguez ha criticado la “fortísima” subida tributaria que busca el “corto plazo” sin atender otras cuestiones “de fondo” como la reforma de la “sobredimensionada” administración pública. Además, ha recordado a Rivero que el modelo de recorte no lo “impone” el Estado, sino que “depende” de cada Comunidad Autónoma.
Asimismo, ha rechazado la subida del IGIC porque afectará al consumo y “especialmente” al turismo, y ha lamentado las “excusas y ocurrencias” del presidente Paulino Rivero con 370.000 parados en Canarias.
El Grupo Mixto, en cambio, ha insistido en sus críticas al modelo económico de ajustes porque sin crecimiento económico “no hay futuro”, y le ha recordado a los grupos que apoyan al Gobierno que han subido los impuestos “tarde y mal” cuando NC-PIL lo pidió meses atrás y fue acusado de “alarmista”.
En el debate sobre las 24 enmiendas parciales del Grupo Mixto (NC-PIL) --todas rechazadas-- su portavoz, Román Rodríguez, ha calificado la rebaja salarial de “polémica e injusta” y de no “negociarla” con los propios trabajadores.
El Grupo Mixto ha cifrado el recorte del Capítulo 1 en 222 millones de euros, y ha advertido de que habrá más de 3.000 despidos este año. Rodríguez ha alertado también que puede haber nuevos recortes salariales si la Unión Europea (UE) se lo impone al Gobierno central.
AL LÍMITE
José Miguel Ruano, presidente del Grupo Nacionalista, ha explicado que Canarias está una situación de “emergencia” y que hay que cumplir el objetivo de déficit con decisiones que no “fáciles” de tomar.
Ha insistido en que Canarias es la Comunidad Autónoma peor financiada con una merma anual de 600 millones que obliga en 2012 a ajustar unos 800 millones, y ha avalado el plan de recortes porque “garantiza” el pago de las nóminas y el mantenimiento del empleo.
Sobre la subida de impuestos directos, Rodríguez ha propuesto, por ejemplo, hacer dos tramos en el IRPF y gravar con un 10 por ciento los patrimonios que superen los 700.000 euros. Además, ha calificado el informe jurídico del Ejecutivo regional de “informillo”, plagado de “generalidades y contradicciones”.
La respuesta ha venido de la mano del diputado socialista Emilio Mayoral, que ha justificado la subida impositiva en la necesidad de “cuadrar” las cuentas. “Estoy de acuerdo en la filosofía de que quien más pague más gane, pero eso no resuelve lo de equilibrar las cuentas de este año”, ha apuntado.
Sobre el 'impuesto verde' a las grandes superficies, ha dicho que “bordea” la legalidad y va a generar “muchos líos”, aparte de que su capacidad de recaudación será “pequeña”. “Han hecho algo deprisa y corriendo agobiados por los ajustes. Eludan riesgos políticos y jurídicos y hagan una nueva ley”, ha indicado.
LEGALIDAD
El portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, ha señalado, no obstante, que ya hay sentencias que avalan la “legalidad” del nuevo tributo, y ha apuntado que con las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto no se cubre el desfase anual de 800 millones.
Acerca del nuevo impuesto a los depósitos bancarios, el Grupo Mixto se ha mostrado a favor bajo la advertencia de que puede haber “deslocalización” y fuga de capitales de las entidades bancarias asentadas en las islas, coyuntura que CC y PSOE tratan de limitar con su propia enmienda.
En cuanto al bloque de impuestos indirectos, ha dicho que son “injustos”, y ha propuesto recaudar unos 23 millones con el incremento de los impuestos de transmisión patrimonial y actos documentados.
Sobre el IGIC, Rodríguez ha comentado que su subida se ha hecho sin “dirección política” y cree que afectará a la economía, especialmente el tipo general que “impactará” sobre el turismo, y también ha calificado de “brutal” el incremento de las telecomunicaciones.
