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CC en La Palma aprueba cinco campos de golf, puertos deportivos y 25.000 camas turísticas sin el PIOT

LOS ECOLOGISTAS DICEN QUE EL PLAN ''HUELE A CORRUPCIÓN''

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La mayoría absoluta de CC en el Cabildo Insular de La Palma ha aprobado el Plan Insular Especial Turístico de la isla, que prevé un incremento de la oferta turística de hasta 25.000 camas y la construcción de cinco campos de golf y varios puertos deportivos. El Plan Especial Turístico se aprobó el viernes pasado cuando aún está en tramitación el Plan Insular de Ordenación de la Isla, normativa jerárquica superior que debe definir el modelo territorial global de la isla, incluyendo los usos turísticos del suelo.

La Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, establece, en su artículo 4, Ordenación Turística: "Sin perjuicio de las previsiones legales generales, el Plan Insular de Ordenación deberá contener las siguientes normas de aplicación directa en materia de ordenación territorial de la actividad turística", que se completa en cuatro apartados.

En primer lugar, el PIOT de La Palma deberá contener las previsiones específicas de desarrollo turístico, incluyendo los criterios de localización y modalidades de la oferta alojativa, debidamente justificados en relación con las características económicas, sociales y territoriales de la isla.

En segundo lugar, "la identificación y delimitación de las zonas aptas para el uso turístico, justificadas en relación con el modelo territorial y de desarrollo económico propugnado, y en función del mantenimiento o recuperación de una precisa actividad agrícola, la mejora de un entorno o la recuperación de un bien con valor cultural, diferenciando: 1) Zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos, en las que el planeamiento general delimite los perímetros del suelo clasificado como urbano o urbanizable no sectorizado. 2) Zonas aptas para el desarrollo de un modelo específico de unidades aisladas de explotación turística en suelo rústico".

En tercer lugar, el PIOT de La Palma debe contener el límite global máximo, por modalidades y categorías mínimas, de la oferta de alojamiento turística de cada una de las zonas delimitadas como aptas, señalando las respectivas condiciones de su implantación en el territorio.

En cuarto lugar, el ritmo de crecimiento anual de la planta de alojamiento turística de la isla, para la totalidad de las modalidades turísticas susceptibles de implantación, justificándolo en función de las características y previsiones demográficas, sociales y económicas insulares.

Por tanto, el Cabildo de La Palma ha aprobado un contestado Plan Especial Turístico para la isla, que ha contado con la oposición de los grupos ecologistas que han aportado más de 3.000 firmas en contra de la construcción de cinco campos de golf en La Palma, y que se encuentra en vía judicial por el recurso contencioso-administrativo presentado por Asociación Ecologista de La Palma, Ben Magec-Ecologistas en Acción y ATAN, contra el decreto del Gobierno de Adán Martín, publicado el 10 de mayo, a pocos días de las elecciones, por el que se aprobaba definitivamente, con los condicionantes establecidos por la COTMAC, el Plan Especial Turístico de La Palma.

"Huele a corrupción política y especulación inmobiliaria"

Según han informado las asociaciones ecologistas, "son tres las motivaciones principales que nos llevan a meternos en este engorroso proceso, lleno de curvas en forma de procedimientos administrativos que retrasarán cualquier resolución: es un desastre de planificación ambiental y económico; huele a especulación inmobiliaria y corrupción política; supone una planificación en contra del espíritu de la legislación vigente, basada en excepciones y vagas generalidades, además de procedimientos irregulares o ilegales en la elaboración y aprobación del plan".

Las organizaciones demandantes lo explican con claridad meridiana: "Este mundo a parte para la ciudadanía trabajadora, de los procedimientos administrativos y las encriptadas normativas y leyes, ha sido lo que ha permitido a este instrumento de ordenación llegar tan lejos. Y sin embargo, paradójicamente, es también de hecho nuestra baza más fuerte para que se haga justicia. Ya que nuestro loado sistema democrático sólo permite el acceso a los partidos, facciones económicas más que ideológicas, al debate y las decisiones políticas, nuestra única forma de participar en la planificación del futuro de nuestra isla es apelar, nada más, pero nada menos, que al cumplimiento de la ley".

Un historial de irregularidades

Y añaden aún más alto: "El historial de irregularidades en los procedimientos durante la elaboración de este plan de ordenación, que determinará el futuro socioambiental de nuestra isla, es extenso y afecta incluso a la propia Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias".

"Se han cometido faltas contra los procedimientos de participación ciudadana, contra procedimientos de redacción y elaboración del plan, se ha recurrido a triquiñuelas administrativas para eludir informes técnicos que exige la legislación vigente, se han extralimitado las competencias del plan asignando territorios concretos a infraestructuras planificadas al detalle, se han incluido infraestructuras en contra de los informes técnicos del propio plan, de técnicos de la COTMAC y de sentencias judiciales precedentes,?", afirman.

Definen: "Además de estos indicios, que demostraremos con la documentación pertinente, dos circunstancias más: las crispadas, confusas y contradictorias declaraciones en prensa de los representantes institucionales implicados; y la adquisición por parte de grupos empresariales, con la ayuda de testaferros relacionados con partidos políticos, de terrenos reclasificados por el PTE. Esto nos hace pensar que el alcance de las ilegalidades cometidas va más allá de irregularidades administrativas".

Por último, el fondo del asunto para las organizaciones ecologistas: "Aunque en realidad, lo que de verdad nos preocupa es que si este instrumento de ordenación prospera habrá quedado hipotecado nuestro futuro. Determinado por un modelo social, económico y ambiental que, con la colaboración de los partidos que regentan las instituciones públicas, prioriza el enriquecimiento privado a costas de los bienes públicos. Donde la desconfianza en la justicia permitirá mayor impunidad y mayor inseguridad ciudadana a favor de esta oligarquía de la especulación y el cemento. Donde nuestro medio natural quedará irreversiblemente destrozado, como ya sucede en otras regiones y como hemos descrito en otras notas, por un desarrollismo propio de "regiones periféricas"; inversiones millonarias con dineros de dudosa procedencia en especulación de suelos e infraestructuras megalomaníacas, corrupción política y judicial, desvío de inversiones en servicios públicos, sanidad y educación a favor de infraestructuras de comunicaciones que facilitan a los inversionistas el transporte de materiales y mano de obra, desmantelamiento del tejido social y económico local, grandes beneficios en poco tiempo, tierra quemada y a correr".

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