El Cabildo 'adopta' al túnel 'huérfano' de LPGC

El Consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha anunciado junto con el concejal de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, la próxima firma de un convenio o un acuerdo de colaboración, por el que la Institución insular asumirá paulatinamente la conservación y el mantenimiento de los túneles de Julio Luengo.

Sánchez denunció la “desidia” mantenida por el Gobierno de Canarias en torno a los túneles de la ciudad capitalina, porque según aseguró, la Administración regional es la propietaria de los mismos y, por lo tanto, la principal responsable las mejoras que se deban acometer. Por este motivo y aunque apostó por incluir el enclave en la red viaria de Gran Canaria del que forman parte el resto de túneles de la Isla que “no tienen problemas de seguridad”, el consejero afirmó que las inversiones que se hagan en Julio Luengo deberán ser posteriormente “asumidas totalmente” por el Gobierno canario.

La portavoz del Partido Socialista (PSC) en el Ayuntamiento capitalino, Isabel Mena, señaló la maraña competencial que rodea al lugar y fijó la existencia de un “problema” desde que se cedió el control de Julio Luengo al municipio en 1994 por la vía de hecho. En el año 2002 la GC-2, carretera que pasa por el enclave, se traspasó a la Institución insular, pero el Consistorio siguió ejerciendo sus funciones “generando el problema jurídico al que nos estamos enfrentando”, precisó.

Un conflicto en el que ahondó la portavoz socialista en el Cabildo, Carolina Darias, que se refirió a un informe de julio de 2012 elaborado por la Consejería insular de Obras Públicas en el que se indica que “es verdad que no queda claro” que en la transferencia de competencias “aparezca explícitamente el túnel de Julio Luengo”, aunque en el año 2009 “sí que se transfiere la totalidad de la GC-2, que es la vía que lo atraviesa”.

Preguntado por el responsable de actuar en caso de que se produjera un accidente, Sabroso hizo referencia a la “nebulosa administrativa” que rodea a las competencias de Julio Luengo. Un comentario compartido por Mena, que sin embargo añadió que tanto la Policía Local, como los bomberos capitalinos, son los responsables de acudir al lugar si surge una emergencia.

Sin traspaso

Sánchez denunció que el Gobierno canario no traspasa formalmente el túnel, porque “hace falta hacer una inversión importante y como sabemos que el Gobierno cuando hace falta invertir en Gran Canaria mira para otro lado, tenemos nosotros que hacerlo”. En ese sentido, cifró la inversión necesaria para que cumpla la normativa en más de ocho millones de euros, una cantidad que Darias aumentó a nueve millones, y que la Administración insular gastará “poco a poco y en función de las primeras necesidades”.

Sabroso, que lamentó la ausencia de un representante del Gobierno regional en el encuentro, calificó de “kafkianos” los argumentos esgrimidos por la Administración canaria para no llevar a cabo un traspaso que se lleva pidiendo desde finales de 2011. Unos argumentos que resumió en entender que la competencia ya había sido transferida al Cabildo; presentar posteriormente unas actas de entrega mediante las que reconocía que no se ha efectuado dicha transferencia, y por último “empieza a emplear que ese túnel es una vía de carácter local que no forma parte de la red de carreteras de interés regional”.

Sánchez explicó que en la actualidad el Cabildo mantiene el estado del pavimento y la estructura del túnel, además de pagar la factura de la luz, pero la gestión de control y vigilancia del túnel necesaria para coordinar los sistemas de emergencia “que si no es lo más caro, por lo menos es más complicado” la ha desempeñado de forma desinteresada el Consistorio durante los últimos años.

Mena achacó al Ayuntamiento el haber abandonado desde principios de 2012 una gestión que ejercía desde hace 20 años sin haber acordado qué Administración iba a hacerse cargo de sus tareas y dudó de la efectividad del acuerdo alcanzado con el Cabildo sin que exista una firma de sesión por parte del Gobierno regional. Una iniciativa que Darias definió como “mandarse a mudar”.

Los socialistas consideran “urgente” que las tres administraciones se “se sienten y arreglen un problema que afecta a la seguridad de 30.000 usuarios que utilizan diariamente el túnel”. Asimismo, reclaman la intervención del Gobierno de Canarias para que aclare las incertidumbres jurídicas existentes en cuanto a competencias se refiere y asegure la inversión necesaria para las mejoras.

Devaluación del túnel

Mena advirtió que el abandono de las funciones de vigilancia y control efectuado por el Consistorio ha supuesto que “a día de hoy el túnel se ha ido deteriorando produciéndose incluyo accidentes de seguridad ciudadana”.

En este punto, habló del “peligro real” de túnel, manifestó que los accidentes registrados en los tres últimos meses han sido “varios” y se refirió a caídas de cascotes y luminaria sobre vehículos e inundaciones que han provocado el cierre de la vía. “Es impensable que un túnel por el que transitan más de 30.000 vehículos al día lleve un año y medio sin ningún tipo de solución, porque las administraciones públicas sean absolutamente inútiles para ponerse de acuerdo y solucionar este problema”, sentenció. Por su parte, Darias hizo referencia al informe de la Consejería que “habla de graves riesgos de la seguridad” en un túnel que carece de plan de emergencias.

La situación descrita por los socialistas poco tiene que ver con la esgrimida por Sabroso, que mandó un mensaje de “absoluta tranquilidad y seguridad” a los conductores y señaló que la vigilancia y mantenimiento ha costado al Ayuntamiento 1,8 millones de euros hasta noviembre del presente año. Un dinero que “la ciudad no espera recuperar”. Por su parte Sánchez consideró que no hay motivos para cerrar el túnel, algo que ocurrida “y si vemos que hay algún riesgo para la seguridad”.

Los representantes populares aseguraron haber establecido un calendario de actuación que comenzará con la renovación o mejora de los sistemas de control y vigilancia que “están operativos y están recibiendo un mantenimiento óptimo”, puntualizó el edil capitalino.