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Un juez insta al Cabildo a ejecutar una sentencia por despido improcedente

EX EMPLEADOS DEL IID BARAJAN PEDIR RESPONSABILIDADES PENALES

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Una providencia del titular del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Díez Moro, dio el pasado 31 de octubre un plazo máximo de veinte días al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, para que acredite ante el magistrado si por fin ha dado cumplimiento a una sentencia favorable a cuatro empleados de los que hace ya un año declaró su despido improcedente.

El requerimiento judicial es el segundo que llega al Instituto que preside el consejero del grupo de gobierno del Partido Popular, José Miguel Álamo, en menos de un año. En el mismo, el magistrado solicita del IID los motivos que justifiquen el incumplimiento de la sentencia, y los funcionarios responsables del que dependen los trámites necesarios para la ejecución de la misma.

Advierte, además, al funcionario responsable, que en caso de incumplimiento en el plazo fijado -el Instituto tenía la opción de presentar un recurso de reposición ante el mismo Juzgado-, "parará el perjuicio a que dé lugar en derecho", apercibe al organismo público, dado el tiempo transcurrido, con la posibilidad de imponer las costas de la ejecución "por expresa declaración de temeridad o mala fe" y da traslado a la oficina del Decanato a fin de averiguar los bienes propiedad de la empresa FS Mungest II UTE, ante la opción de embargarla.

Los trabajadores afectados por esta sentencia sin ejecutar desde el 31 de octubre de 2005 están barajando la posibilidad de solicitar responsabilidades penales a los responsables del Instituto Insular de Deportes y del Cabildo de Gran Canaria, además de los correspondientes intereses de demora, ya que el IID y la empresa subcontratada para su labor en la gestión de acceso al Centro Insular de Deportes, tras pedir en noviembre de ese año una aclaración de sentencia denegada por el Juzgado, optaron por la indemnización frente a la readmisión en sus puestos.

Los empleados fueron despedidos el 31 de mayo de 2004 de sus puestos en la recepción del pabellón de la Avenida Marítima, coincidiendo con el cambio de gobierno de 2003 y la entrada del gerente del IID, José María Cabrera, como nueva cabeza dirigente del organismo público. En octubre de 2004 el Juzgado de lo Social número 4 declaró improcedente el despido y el 31 de octubre de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratificó la sentencia favorable a los demandantes.

Otros seis casos más pendientes

En similar circunstancia a sus ex compañeros del Centro Insular de Deportes se encuentran otros seis trabajadores despedidos de la gestión de acceso de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, sin que hasta el momento hayan tampoco cobrado la correspondiente indemnización del Instituto, a pesar de que cuentan con sentencias favorables del TSJC y plazos similares a los casos citados.

El organismo que preside el consejero de Deportes José Miguel Álamo tiene abiertos una veintena de contenciosos por la vía laboral -entre ellos, los siete trabajadores despedidos por criticar la gestión interna a raíz de la muerte de un compañero en la piscina de la Ciudad Deportiva-, con importantes cantidades económicas a las que debe hacer frente en esta recta final de legislatura.

La Junta del IID tiene previsto reunirse esta misma semana para aprobar los presupuestos de 2007.

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