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El Cabildo asumirá la retirada de las 107 vallas publicitarias de la GC-1 a su paso por Telde

Tras una reunión del Observatorio del Paisaje de la isla, el presidente de la corporación insular, Antonio Morales ha asegurado que se destinarán entre  200.00 y 300.000 euros para asumir esos trabajos

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Reunión del Observatorio del Paisaje de la isla

Reunión del Observatorio del Paisaje de la isla Canarias Ahora

El presidente del Cabildo de Gran Canaria se ha comprometido hoy con el Ayuntamiento de Telde a asumir, si el Consistorio no pudiera sufragarla, dadas sus dificultades económicas, la retirada de las 107 vallas publicitarias instaladas en la GC-1 a su paso por ese municipio.

Tras una reunión del Observatorio del Paisaje de la isla, el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, ha informado de que el 75 % de las vallas publicitarias instaladas en la citada vía, y que el Cabildo se propone retirar, se encuentran en Telde, de ahí que haya reservado entre 200.00 y 300.000 euros para asumir esos trabajos, en el caso de que el municipio no pueda hacerlo.

También se ha mostrado dispuesto a ayudar a Telde el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha apuntado Morales.

El Observatorio del Paisaje de Gran Canaria tiene como prioridad actuar en el corredor de la GC-1, para seguir por la GC-2 y por el interior de la isla.

Morales ha informado de que el plan director de la actuación que se ejecutará en la GC-1 estará disponible en marzo de 2017 y supondrá un coste de 115.000 euros.

Este será el instrumento en base al que se diseñará la actuación global prevista en el corredor sur de la isla, ha dicho.

El presidente de la institución ha detallado que el proceso administrativo que implica la retirada de estas vallas, instaladas "por empresas legalizadas, sin legalizar" y también por particulares, se inicia con la apertura de expedientes sancionadores para sus propietarios.

Este procedimiento puede durar "dos o tres meses", porque puede pasar que el titular de la valla la retire o que se niegue a hacerlo, lo que implicaría la puesta en marcha de una orden de ejecución.

Si esta orden no diera fruto, serían las instituciones afectadas las que se hagan cargo de retirar estos elementos, que se consideran como obras ilegales, si bien procederían posteriormente a reclamar los costes de la operación a los responsables de su instalación, ha advertido Morales.

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