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La Cámara aprueba el proyecto de ley de estatuto de capitalidad compartida

RECHAZA LA PROPUESTA DEL PSC DE FINANCIACIÓN ADICIONAL PARA EL RESTO DE CAPITALES INSULARES

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El Parlamento regional aprobó este viernes el dictamen del proyecto de ley de estatuto de capitalidad compartida en Canarias con el rechazo de las enmiendas del PSC, entre ellas una en la que pedía financiación adicional para el resto de capitales insulares para atender el equilibrio y la justicia distributiva, así como los gastos de la doble insularidad.

El texto del citado proyecto de ley, que se refiere a las condiciones de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria como capitales autonómicas, fue aprobado por los grupos de PP y CC y la abstención del Socialista, y será sometido a su aprobación definitiva en el pleno de la Cámara regional.

El portavoz del grupo Socialista, Francisco Hernández Spínola, dijo en la defensa de sus enmiendas que el PSC cree conveniente aprovechar la tramitación de este proyecto para incluir a las capitales de las islas periféricas y que haya una financiación adicional para ellas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de cada año.

Hernández Spínola opinó además que el proyecto de ley es "muy parco" y está confeccionado para salir del paso y con una regulación muy exigua, cuando a su juicio debería afrontar cuestiones de interés, como regular las cartas de servicio de los ayuntamientos de las dos capitales canarias para establecer los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con estas corporaciones.

Ambas enmiendas fueron rechazadas por CC y PP con el argumento, según el diputado nacionalista Augusto Lorenzo, de que en la reforma del Estatuto de Autonomía aparecen las demandas del PSC en cuanto al resto de capitales insulares, por lo que el proyecto de ley debe limitarse a exponer las necesidades de las autonómicas.

El grupo Socialista también propuso que haya una representación paritaria en el consejo de la capitalidad, que estará integrado por siete miembros, cuatro designados por los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y tres por el Gobierno de Canarias.

Augusto Lorenzo señaló que esta idea puede ser "interesante" pero su grupo tiene dudas en cuanto a quién debe ser el representante extra del Gobierno, y respecto a la carta de servicios y obligaciones de los ayuntamientos consideró que debe estar incluido en una regulación general de este asunto para todos los municipios canarios.

Francisco Hernández Spínola defendió además una enmienda para que el consejo de capitalidad vele por el cumplimiento de la ley de accesibilidad y se eliminen las barreras físicas, con un compromiso de ambos ayuntamientos con la administración autonómica para efectuar las inversiones necesarias para este fin.

También en este apartado insistió Augusto Lorenzo en que este asunto debe extenderse a todos los municipios canarios y opinó que este proyecto no es el marco adecuado para luchar contra las barreras arquitectónicas.

El portavoz del grupo Popular, Jorge Rodríguez, basó su intervención en pedir a los servicios jurídicos de la Cámara que introduzcan una redacción más adecuada de algunos artículos del proyecto, a su juicio "algo defectuosa en lo que a la calidad literaria se refiere".

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