Canal 9 'atraganta' las críticas del PP a RTVC
El cierre de Canal 9, la televisión pública de la Comunidad Valenciana, por culpa de la gestión que de la misma hizo la Generalitat hasta llevarla a la ruina, ha sido usado como un mazo contra el Grupo Popular y sus críticas a RadioTelevisión Canaria a raíz del informe de la Audiencia de Cuentas.
Por enésima vez, los conservadores han llevado al Parlamento, ésta vez a la Comisión de Gobernación, las irregularidades detectadas por el organismo auditor en las contrataciones realizadas desde 2007 a 2011, años en los que el PP cogobernaba en las Islas y, además, nombró a varios directivos del ente, como a Carlos Taboada, que fuera director de cadena de RTVC y ahora es director del centro territorial de TVE en el Archipiélago.
Ambos argumentos los usó el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, para contrarrestar las críticas de la conservadora Victoria Ponce.
“Ustedes no están legitimados para dar lecciones de cómo gestionar una televisión pública, después de cómo crearon el monstruo de Canal 9, frente a un modelo dimensionado como el de RTVC que, además, quieren copiar en parte en las comunidades en las que gobiernan”, dijo Ortiz.
Además, el consejero recordó que con su estrategia de blandir un informe que “no detectó ilegalidades”, el PP “pone en duda la credibilidad de algunos directivos que ustedes nombraron y posteriormente han dado responsabilidades en otros medios públicos”, en referencia a Taboada.
Sin embargo, Ponce insistió en que “este asunto es de mucha gravedad”, pues la Audiencia de Cuentas demostró “el comportamiento irregular del ente, que incluso no colaboró y el organismo auditor no pudo obtener toda la información”.
“Ha sido un desprecio absoluto hacia la buena gestión”, culminó Ponce.
Asumir las recomendaciones
Sin embargo, González Ortiz ha insistido en que “no existieron, ni existen ilegalidades” en RTVC, y que las recomendaciones llevadas a cabo por la Audiencia de Cuentas “se están llevando a cabo para mejorar la transparencia”.
Como se recordará, la Audiencia de Cuentas resaltó en su informe fiscalizador sobre los contratos realizados por RTVC de 2007 a 2011 que existió carencia de controles internos que pudiesen “garantizar y delimitar las funciones a realizar por cada uno de los actores en cada una de las diferentes fases de los procedimientos de contratación”.
Esas carencias, según el informe, no garantizaron “los principios de objetividad y transparencia” en las contrataciones, ya que convierten al director general, Willy García, en “el órgano de contratación tanto del ente como de las sociedades que integran el Grupo Audiovisual” en virtud del artículo 20 de la Ley de la RTVC que, precisamente, ahora quieren reformar Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario-PSOE.
Asimismo, y respecto a las acusaciones de obstruccionismo que denunció Ponce, el informe de la Audiencia aseguraba que “la relación de contratos formalizados por TVC, remitida a los meros efectos de planificar oportunamente la actividad fiscalizadora, lo ha sido de manera incompleta, al no haberse incluido en la misma algunos contratos formalizados entre el 26 de junio de 2007 y el 28 de junio de 2008”.
