Canarias frena la aprobación de la memoria anual de la Dependencia “hasta que se rectifiquen” sus datos

Canarias frena la aprobación de la memoria anual de la Dependencia

EFE

Las Palmas de Gran Canaria —

La mayoría de las comunidades autónomas han apoyado a Canarias en su petición de que no se de el visto bueno a las cifras publicadas por el Imserso hace unos meses sobre dependencia y que suponían una mejora irreal de la atención en unas 9.000 personas.

La directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez, quien participó ayer en la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ha señalado que Canarias ha logrado que el Imserso deje sobre la mesa la aprobación de la memoria anual de 2014 relativa a los datos de atención a la Dependencia en tanto no se rectifiquen los cifras incluidas en diciembre del pasado año.

Una nota de la Consejería de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda indica que gracias al apoyo de la práctica totalidad de las comunidades autónomas, el Imserso ha aceptado dejar sobre la mesa una memoria cuya aprobación hubiera supuesto dar por válida la estadística que este organismo publicó hace unos meses y en las que se incluía una mejora significativa en los datos de atención a la Dependencia en Canarias.

En concreto, la estadística que Canarias no comparte daba por bueno el argumentos de que la Comunidad Autónoma había incorporado, de golpe a 9000 personas al sistema de atención a la Dependencia a finales de 2014, unas cifras que la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda se ha comprometido a depurar y corregir, pero que el Imserso había incorporado y validado.

Según ha explicado la directora general, entre los puntos del orden del día de la Comisión Delegada se encontraba la aprobación de la memoria con las estadísticas de 2014, punto en el que Canarias mostró su disconformidad ante la inclusión irregular de 9000 personas, por lo que propuso dejar sobre la mesa la aprobación de la Memoria que las recogía.

La Consejería de Políticas Sociales defiende que se dé de baja a estas personas “ya que no nos interesa quedar bien en una estadística, sino tener una imagen fiable de la realidad y que se atienda a todas las personas, atendiendo a sus demandas y dando una respuesta adecuada a cada una de ellas”.

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