''Canarias ha invadido competencias del Estado''
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Canarias, Gustavo Santana y Juan José Arteaga, respectivamente, han comparecido este lunes ante los medios de comunicación para denunciar que la Ley 11/2010 de 30 de diciembre de Presupuestos del Archipiélago elaborada por el Gobierno de Paulino Rivero (CC) y tramitada y aprobada por el Parlamento canario con los votos de Coalición Canaria y el Partido Popular, “deroga en parte todos los pactos y acuerdos en el ámbito del personal funcionario y estatutario”, así como “los convenios colectivos” del personal laboral. Esto supone “una violación directa” de la Constitución y advirtieron que en este contexto, “será difícil llegar a un acuerdo sobre otras cuestiones”.
Ante esta situación, los secretarios generales a nivel nacional, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, presentaron un escrito el viernes 21 de enero ante la Dirección General del Trabajo en Madrid, en el que solicitan al Ejecutivo español que “promueva un conflicto de competencia” respecto a la Ley de Presupuestos canaria por entender que la Cámara regional “ha invadido competencias del Estado”.
Arteaga insistió en que la Ley presupuestaria “suprime derechos sindicales” al “cancelarse todos los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales”. En total son doce disposiciones adicionales, entre la 19 y la 38, que “eliminan derechos relacionados con los derechos sindicales, los liberados institucionales, conceptos retributivos o la organización del trabajo”.
El secretario de UGT explicó que la disposición 19 recoge el complemento a la prestación económica por incapacidad temporal; el 20, sobre permisos retribuidos para la realización de actividades sindicales; el 21, retribuciones del profesorado sustituto del Sistema Educativo Público canario; el 22, días complementarios de vacaciones del personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de Salud; el 26, sobre la ropa de trabajo; el 27, racionalización y distribución de efectivos; el 28, suspensión de pactos y acuerdos sindicales y de artículos del convenio colectivo; el 34, inspección médica; el 35, sobre la carrera profesional del personal del Servicio Canario de Salud; o el 36, permisos para la formación profesional del personal.
Con el escrito presentado el viernes exigen el inicio del procedimiento por parte del Gobierno español, y la “suspensión cautelar de las normas hasta que se resuelva”.
